Un nuevo programa atiende a 23 niños víctimas de abusos sexuales

Un nuevo programa puesto en marcha a finales del año pasado para detectar casos de abusos sexuales en niños atiende ya a 23 víctimas, dos de las cuales han superado los tratamientos con éxito. La delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Silvia Cañero, explicó ayer que en la mayoría de las ocasiones los abusos se producen en el seno de los núcleos familiares y, por tanto, "son difíciles de localizar", pero confió en que la difusión del nuevo servicio ayude a exteriorizar el problema.

El programa -desarrollado por la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (Adima)- cuenta con dos fases. La primera se centra en verificar o descartar si el menor ha sido víctima de abusos a través de una evaluación psicológica del mismo y de sus familiares. En esta fase se encuentran actualmente 15 menores de toda la provincia.

Posteriormente y tras conocerse un diagnóstico, comienza el tratamiento psicosocial del menor con el objetivo de "ayudarle a superar las secuelas y los transtornos psicológicos", al tiempo que al menor y a su familia se les proporciona asesoramiento legal y social, explicó Cañero. En este punto se encuentran ahora ocho menores, de los que seis están inmersos en procedimientos judiciales.

La Junta de Andalucía ha invertido 74.480 euros en la puesta en marcha en Córdoba del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual. Así pretende evitar -explicó la delegada- que los afectados tengan que desplazarse hasta Sevilla, donde el plan funciona desde el año 1992. El equipo interdisciplinar de Adima está compuesto por siete profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, todos especializados en casos de abusos a menores.

La vicepresidenta de Adima, Teresa Torres, afirmó que con este protocolo de actuación se atenderá "a todas" las demandas que surjan en la provincia derivadas desde el servicio de Protección a la Infancia y desde los juzgados. Torres subrayó que a través de las entrevistas que realizan los psicólogos se evita la revictimización que sufren los menores, pues los testimonios se graban y poseen valor judicial, lo que evita que el menor tenga que volver a prestar declaración posterioremente en os tribunales rememorando "una y otra vez" el abuso sufrido.

"Nuestro equipo siempre trabaja con la sospecha, no con la constatación", explicó la vicepresidenta del colectivo, quien subrayó que no existe un perfil definido de la víctima de los abusos. "Los problemas surgen en todos los tipos de familias, edades y condiciones", concluyó. Adima, de hecho, ha asistido en Córdoba a niños con edades comprendidas entre los 17 y los 2 años, un momento en que este tipo de episodios son "muy difíciles" de descubrir.