La prueba del nueve de Colecor

Ayuntamiento popular, Junta bipartita. Y, en medio, la ordenación del territorio, una de las competencias que tradicionalmente han traído más problemas en la relación entre la Administración autonómica y los municipios. El consejero cordobés Luis Planas (en realidad, valenciano) será el responsable de esta cuestión desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en un movimiento forzado por los socialistas que, presiones del mundo de la empresa mediante, dejaron estas cuestiones fuera del alcance de Izquierda Unida. Colecor es un tema abierto, probablemente el más candente, teniendo en cuenta que hace ya dos años que las direcciones de IU y PSOE llegaron a un acuerdo sobre esta cuestión.

El expediente de legalización está aprobado por el consejo de Gerencia pendiente de llevar a Pleno y supone el derribo de unos 15.000 metros cuadrados. Una de las condiciones previas ya se ha aclarado porque el Supremo se ha pronunciado sobre el plan especial de la carretera de Palma original. Sólo queda que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, sea quien dé el paso para confirmar ese texto o volver a reformarlo.

La postura del PP es que no aprobará nada si no tiene la garantía de la Junta de que el asunto no acabará en los tribunales. La anterior consejera, Josefina Cruz, una experta acreditada en ordenación del territorio, nunca le dio al Ayuntamiento ese tipo de garantías refrendando la posición crítica del delegado en Córdoba, Francisco García, y del equipo técnico de la delegación. Obras Públicas ha querido hasta el momento más metros derribados, unos 20.000, y censurar de los usos autorizables el comercio mayorista. Planas, que fue secretario provincial del PSOE de Córdoba y que conoce de sobra los resortes de poder de la ciudad, tiene que mover ficha. El caso se complica por un hecho trascendente. El Ayuntamiento que tiene que autorizar el proyecto cuenta en su Pleno, como segunda fuerza política, al propietario y responsable de la construcción.

Lo que ocurra con Colecor debe de ser un síntoma de las relaciones entre Junta y Ayuntamiento en materia de ordenación del territorio. Pero las relaciones en esta cuestión son constantes. La Administración autonómica tiene un papel muy relevante en los expedientes urbanísticas, casi de segunda lectura. Y son muchos los asuntos pendientes.

El Consistorio ha autorizado el primer enganche de una vivienda ilegal de la ciudad, ubicada en suelo urbano y aprovechando una disposición adicional del decreto aprobado por el primer Gobierno Griñán. Las expectativas son muchas en el mundo de las parcelas, donde la posibilidad de acceder a un régimen de tolerancia por encima de la pesada tramitación de un expediente clásico de legalización. La Gerencia de Urbanismo ya ha asegurado que pretende aprovechar todas las posibilidades de un decreto de la Junta que tiene un amplio margen de interpretación. Las zonas sensibles: la Sierra, todo lo que está cerca del río y Medina Azahara.

El PP ya ha abierto fuego en el Pleno. Contra lo que suele ser habitual, ha obtenido de forma previa la venia de este foro para iniciar una reforma de la delicada normativa que rodea el yacimiento. Aunque la literatura sea extensa, en realidad el debate se encuentra en un punto crucial: hasta dónde puede llegar el régimen de reconocimiento de las parcelaciones de la zona protegida. El Ayuntamiento está dispuesto a dotar de servicios básicos zonas que han levantado tanta polvareda como Las Pitas. El Consistorio tiene en cartera el Plan de la Sierra, donde existe una problemática similar en zonas habitadas desde hace décadas de manera incontrolada.

El crack inmobiliario ha reducido mucho la tensión sobre los asuntos urbanísticos. Tanto, que ya no hay colas en la Gerencia de Urbanismo de promotores reclamando cambios, actuaciones e iniciativas. De hecho, la propia Gerencia puede acabar disuelta como consecuencia de la diferencia existente entre estructura de personal y actividad inmobiliaria. Centrado en asuntos económicos, el equipo de gobierno no ha desarrollado ningún movimiento que suponga cambios de enorme relevancia en el diseño de la ciudad. Eso no va a durar siempre.