El PSOE reclama declarar a Córdoba como "zona tensionada" para rebajar los precios de los alquileres de viviendas

Córdoba/El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado al alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, que exija a Moreno Bonilla la aplicación en Andalucía de la Ley de Vivienda y declarar todo el municipio de Córdoba como zona tensionada. La aplicación de esta ley puede topar los precios de alquiler con los de referencia, lo que supondría una rebaja del alquiler que podría llegar hasta el 20%. Córdoba ha tenido un crecimiento acumulado 2015-2022 de un 23%, según un Informe del Banco de España.

Hurtado ha señalado este lunes que la Ley de Vivienda está frenando los precios de alquiler en aquellas comunidades autónomas donde se está aplicando, como Cataluña, y por no aplicarse la Ley de Vivienda en Andalucía, y por tanto en Córdoba, persiste sin embargo la subida de los precios de alquiler sin contención alguna. Además, lamenta que en todo el municipio de Córdoba no se estén aplicando los precios de referencia como precios máximos de alquiler, "por voluntad de Moreno de no intervenir el mercado de alquiler de vivienda".

En Córdoba, señala Hurtado, el porcentaje de viviendas en alquiler es muy bajo, el 11% del total, 14.000 viviendas aproximadamente, de las cuales unas 4.500 viviendas son públicas, 1.000 municipales y 3.300 autonómicas, y 3.350 viviendas son de uso turístico. Los distritos donde el porcentaje de alquiler es más alto son en Poniente Sur, Centro, Norte-Centro y Norte-Sierra.

Para el socialista, la aplicación de los precios de referencia de la Ley de Vivienda junto al aumento del parque público de viviendas en alquiler "debiese ser un revulsivo para cambiar la dinámica persistente de los alquileres, y ninguna de estas dos medidas son asumidas por los gobiernos del PP, ni en Andalucía, ni en Córdoba".

VPO de más de 200.000 euros

Para el portavoz, la política de vivienda del PP con el nuevo decreto andaluz aprobado va a ofrecer viviendas de VPO a precios nunca por debajo de los 200.000 euros, lo que posibilita el negocio inmobiliario, pero imposibilita que el 90% de los demandantes puedan acceder a una vivienda. Según Hurtado, el negocio inmobiliario "se contrapone al derecho de tener una vivienda digna como marca nuestra Constitución".

Asimismo, ha criticado que en Andalucía el gobierno Aautonómico haya reducido los años de calificación de las viviendas de protección oficial (VPO), lo que ha encarecido sus precios de venta y ha aumentado la renta para adquirir VPO.