Rafael Gómez y Grupo Prasa repiten como principales morosos con Hacienda en Córdoba

Economía

En la provincia la deuda de Rafael Gómez Sánchez, tanto a título individual como con el conjunto de sus sociedades, se sitúa por encima de los 164,9 millones de euros

Al menos dos empresas cordobesas han salido de la lista este 2023

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Rafael Gómez a las puertas del Tívoli, en una imagen de archivo.
Rafael Gómez a las puertas del Tívoli, en una imagen de archivo. / ESTHER GÓMEZ / EFE

Córdoba/Ya se conoce la lista de morosos de la Agencia Tributaria de 2023, que incluye en su última actualización un total de 6.084 deudores de más de 600.000 euros a cierre del año pasado. Entre ellos, como ya es habitual, figuran en un lugar destacado y entre los principales de toda España Rafael Gómez Sánchez y sus empresas y Grupo Prasa, que acumulan los mayores débitos entre los cordobeses. De hecho, esta última empresa es la quinta del país con mayor deuda con el fisco.

La lista, iniciativa puesta en marcha en 2015, cuando el popular Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, ha sido actualizada este viernes 28 de junio por la Agencia Tributaria y los datos rezan que el importe total suma los 15.237 millones de euros, lo que supone un ligero aumento con respecto al año pasado.

Las deudas que figuran en el listado deben cumplir con varias condiciones: encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

En Córdoba la deuda de Rafael Gómez Sánchez, tanto a título individual como con el conjunto de sus sociedades, se sitúa por encima de los 164,9 millones de euros. La que mayor debe al fisco es Arenal 2001, con 71,4 millones de euros, seguida de Arenal 2000 SL, con 64,4, y Compañía Meridional de Inversiones, que alcanza los 24. Las cantidades no han variado con respecto al año pasado. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez SL debe 3,1 millones de euros y él, a título particular, otros 2 millones de euros.

El resto de morosos con Hacienda de la provincia se quedan con una deuda por debajo de los 100 millones. El grupo constructor e inmobiliario de José Romero, Grupo Prasa, que mantiene su deuda en 91,4 millones de euros, la quinta más alta de toda España. El siguiente en valor, cerca de los 10 millones, es Desarrollos Urbanísticos Lomas del Rey, que repite con 9,2 millones, mientras que Noriega Edificación y Obras debe aún al fisco 5,4 millones e Inversiones Aljoda, 4,9 millones de euros.

Control de Obras y Reformas debe aún tres millones de euros y Laboratorios Pérez Giménez, con un débito, también, de tres millones. Un escalón por debajo se sitúa Camisas Ramírez, con 2,2 millones de euros. Explotaciones Jarotas, con un débito de dos millones de euros, Inversiones Patrimoniales de Málaga o Toticrisol con 1,6 millones de euros, Pavimcosa y Nidesur, ambas con 1,4 millones, Guías Amarillas suma 1,8 de deuda, Mobiliario Corbaño y Ñ XXI Residencial Confort Trade en torno a un débito de 1,1 millones de euros. Fesucor, por su parte, suma una deuda al fisco de un millón de euros, al igual que Hermanos Pistón. La misma cantidad deben empresas cordobesas como Inversiones Dajoal, mientras Crespe se queda por debajo del millón, con 982.088 euros, Villautomóvil 663.165 euros, y Procasa Proyectos y Obras otros 624.210 euros. Miraval Grupo Promotor Inmobiliario y Granitos Los Pedroches ya no está en la lista.

Esta es la undécima edición de la lista de morosos que publica la Agencia Tributaria. En esta actualización, de los 6.084 deudores totales, 1.052 son personas físicas, que deben un total de 1.500 millones de euros, pero la mayoría son grandes empresas, 5.032 por una deuda total de 13.737 millones.

Un total de 770 deudores ya no figuran en el listado de deudores tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2022, con un importe de 1.230 millones de euros. Algunas de ellas son de Córdoba. La salida de la lista se puede deber tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos, o por falta de firmeza de la deuda.

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