La recarga de las tarjetas de Aucorsa dejará de realizarse en los autobuses a partir del lunes 21

Córdoba/A partir del próximo lunes, día 21 de octubre, la recarga de los bonobuses de Aucorsa se centralizará a través de la opción de recarga online a la que se puede acceder en la pantalla principal de la web de la empresa municipal (www.aucorsa.es) en donde se puede realizar el pago a través de tarjeta bancaria o de Bizum. Alternativamente los títulos de viaje solo se podrán recargar presencialmente en la oficina de atención al público de Aucorsa, en la plaza de Colón, que ampliará su horario y prestará servicio durante todas las tardes de lunes a viernes.

Esta medida se adopta tras haberse declarado en concurso de acreedores la empresa PrePay, propietaria de las máquinas de recarga de los autobuses, y supone la desactivación de todos los dispositivos de los vehículos de Aucorsa, así como de las recargas que se prestaban en distintos puntos de venta en la ciudad. En el caso de los vehículos de Aucorsa, las máquinas de recarga dejarán de prestar servicio el domingo día 20 de octubre, fecha que se establece para facilitar a los usuarios la recarga de sus títulos como hasta ahora se había venido realizando. 

Por parte de los servicios jurídicos de Aucorsa ya se ha comunicado a los administradores concursales de Prepay Technologies que cualquier cantidad que se haya recaudado en estos dispositivos pertenece a la empresa municipal Aucorsa y, por el momento, no ha sido reintegrada en su totalidad. La situación concursal en la que se encuentra Prepay Technologies no solo afecta a Córdoba, sino que también, y en mayor medida, a otras ciudades como Burgos, Tenerife o Palma de Mallorca donde esta empresa también presta servicio. 

Acerca de esta situación, el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha señalado que “se trata de un escenario completamente sobrevenido que nos obliga, por una parte, a precipitar parte de los cambios en la forma tradicional de recarga del perfil más común de usuario del bus y, por otra, a valorar las acciones judiciales necesarias para reclamar las cantidades pendientes de entregar por la empresa, que están en torno a unos 160.000 euros, y que no pueden considerarse como un crédito normal, dado que se trata de recursos públicos, como el resto de acreedores”.