La puesta al día del nuevo registro judicial colapsa el trabajo de los tribunales

El sindicato SPJ-USO advirtió ayer del "colapso" en los juzgados de lo penal, primera instancia y de violencia de género tras la puesta en marcha del nuevo registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, debido a que los funcionarios tienen que introducir "infinitud" de datos "en el ínfimo plazo de tres meses". La puesta en marcha de la base de datos, que unifica la información sobre cuestiones como las órdenes de búsqueda y captura, fue el último proyecto puesto en marcha por el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, antes de presentar su dimisión tras el escándalo de su cacería en Jaén. Su intención era evitar casos como el de la niña Mari Luz Cortés, presuntamente asesinada por un individuo condenado por abusos sexuales que debía estar en prisión.

El sindicato recordó ayer que los órganos de la jurisdicción penal se encuentran "desbordados" ante el incremento "masivo y continuo" de las funciones asumidas en los últimos años, a lo que ahora hay que añadir la actualización del registro judicial. El delegado provincial de SPJ-USO, Domingo Castillo, criticó que esta carga de trabajo "resulta manifiestamente inviable, salvo que los funcionarios sólo dediquen su esfuerzo y tiempo a ella, abandonando otras tareas de tramitación". Esto supondría, paradójicamente, "un mayor retraso y quizás mayores males de lo que se intenta evitar" con la implantación del proyecto.

El nuevo registro dispone de un acceso compartido con el central para la protección de las víctimas de violencia doméstica, y ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura, o de detención y puesta a disposición, lo que permitirá al juez, entre otras cuestiones, valorar el riesgo de fuga de un encartado a la hora de dictar una resolución. La herramienta no está concebida como registro específico de agresores sexuales, pero su puesta en funcionamiento contribuirá especialmente a prevenir la especial reincidencia que se produce en este tipo de delitos.

Otras de las novedades es que refleja la condición de menor de edad de las víctimas, lo que proporciona a los tribunales y a la policía judicial nuevos elementos de conocimiento. Para su puesta en marcha, ha sido necesario unificar todos los registros españoles, algunos de los cuales databan del siglo XIX. Y, claro está, su actualización ha recaído en los funcionarios de Justicia, "sin que hayan recibido formación alguna sobre su funcionamiento", denunció SPJ-USO.

"Existe un desconocimiento total de cómo se deben introducir los datos y cómo se tienen que seguir los procedimientos. Un solo error puede ser muy grave para la persona que lo padezca, ya que estamos hablando de medidas en muchos casos privativas de derechos fundamentales", razonó Castillo. SPJ-USO remitió ayer un escrito a la Delegación de Justicia para proponerle que nombre funcionarios de refuerzo en los órganos afectados. El sindicato también solicitó crear una nueva sección para actualizar el registro o establecer una jornada voluntaria de tarde.