El Servicio de Asistencia a Víctimas atiende en Córdoba a 1.354 mujeres y 136 menores durante el primer semestre de 2024

Durante este primer semestre de 2024, en Córdoba un total de 1.537 personas ya han sido atendidas por el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), de las que 1.354 son mujeres con un perfil de 30 a 44 años desempleadas, solteras, con estudios primario y secundario y que tiene una relación de expareja con el autor.

Este servicio público y gratuito también ha atendido a 136 menores, un 8,8% más con respecto a 2023. Estos menores son en su mayoría víctimas de delitos contra la libertad sexual o testigos de la violencia de género que sufren sus madres o también de violencia doméstica entre familiares. 

Según la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, Raquel López, el SAVA ha realizado 13.989 actuaciones en materia jurídica, social y psicológica, de las que el 90,99% fueron para ayudar a mujeres con características de 30 y 44 años, solteras, con estudios primarios en un 35,65% y secundarios en un 26,95% y cuyo victimario ha sido su expareja en el 28,29% de los casos y el 22,98% por su pareja.

Los perjuicios que se "suelen ocasionar a las víctimas" tienden a ser de carácter psicológico en un 43,15% aunque también son destacables los daños físicos en un 25,55%. En lo que se refiere a la tipología del delito, las lesiones ocupan el 30,30% y, dentro de este porcentaje, están incluidas las lesiones físicas y psíquicas que derivan también de los delitos de violencia de género. Además, destacan los delitos contra la libertad sexual que han aumentado en un 26,03%, los de la integridad moral en un 23,85% así como la libertad en general en un 7,46%. 

Puesta en marcha 

El nuevo contrato que regulará el Servicio de Atención a las víctimas de Andalucía en Córdoba durante los próximos dos años, y prorrogable dos años más, se dio a conocer ayer, 15 de julio, con el objeto de “prestar una atención y una asistencia integral coordinada y especializada a las víctimas de delitos de falta en Andalucía, en nuestra provincia de Córdoba, basada en igualdad de género como principio transversal de todas las políticas del gobierno andaluz, y dar respuesta a las necesidades específicas en los ámbitos jurídicos, psicológicos y sociales”, ha informado López.

El servicio, gestionado por la Asociación de Mujeres Profesionales en Encuentr@cuerdos y con un coste de 675.170 euros, tiene como objetivo “dar una respuesta integral a las víctimas con varios objetivos, evitar la victimización secundaria, velar y proteger por los derechos que vienen establecidos y regulados en el estatuto de la víctima, acercar la justicia a la ciudadanía, mediante esta actuación integral y orientadora de este servicio y facilitar la coordinación y colaboración entre todos los organismos e instituciones que puedan estar implicados en la asistencia a la víctima”. 

Como novedad, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía en Córdoba incorpora un psicólogo más al equipo que ya existía. “Actualmente, va a quedar formado por dos juristas, tres psicólogos y dos trabajadores sociales, que desarrollan su trabajo de manera presencial en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 de la tarde y de lunes a jueves de 17:00 a 20:00”, ha explicado la delegada de Justicia.

En la provincia el equipo itinerante del SAVA se desplaza hasta once sedes judiciales, que son las de Priego de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Peñarroya-Pueblonuevo, Montoro, Baena, Puente Genil, Pozoblanco, Lucena, Cabra, Montilla y Posadas. Asimismo, la Junta actualmente dispone de salas gesell en Puente Genil, Peñarroya, Córdoba Capital y próximamente entrará en funcionamiento en la Ciudad de la Justicia de Lucena. 

Asesoramiento

Las personas que necesiten hacer uso de este servicio pueden hacerlo, “por supuesto, de manera presencial en los juzgados de la capital y provincia y, además, existe un teléfono 24 horas(957 744 012 / 957 744 015) de asistencia en caso de urgencia”. 

El asesoramiento jurídico se coordina con los "letrados que vienen tanto del Senado de parte como los propios designados por la justicia gratuita". Además, en el tiempo entre que la víctima acude a ser desjuiciada hasta que se le designa un abogado de oficio o uno privado por su parte, “hay un lazo que se solventa con estos profesionales que están ahí”.