El suelo del aeropuerto costará casi el triple que la obra de ampliación

Costarán mucho más los bueyes que el carro. La adjudicación del contrato de ampliación del aeropuerto a la constructora Ploder-Uicesa por 21 millones de euros permite ya saber con qué dinero cuentan las administraciones públicas para compensar a los propietarios del suelo que habrá que expropiar para facilitar el inicio efectivo de los trabajos de construcción del aeródromo. Sobre el papel, tanto AENA como el Consistorio disponen de una cantidad superior a los 58,5 millones para esta finalidad, casi el triple de lo previsto para la realización de la obra.

El gran interés despertado por el contrato licitado por AENA se encuentra en la clave del dinero de más que tendrá la Administración para acometer el proceso de compra de los terrenos afectados por el proyecto. En principio, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento había previsto un tipo de licitación de 33 millones. Al final, podrá adjudicar por un 30 por ciento menos de esa cantidad, según los datos de la oferta ganadora. Las obras se desarrollarán en 19 meses a partir de la firma del contrato. Dicha firma no empezaría a correr hasta el momento en que AENA disponga de la ocupación de los suelos precisos para iniciar el proceso de ampliación de la pista de vuelo del aeródromo. De estas cantidades se ha descontado el presupuesto reservado para el desarrollo del proyecto de la nueva terminal y torre de control, que sería el último contrato en licitarse, según la previsión económica.

En principio, los Presupuestos Generales del Estado establecían una partida genérica del proyecto de 65,5 millones de euros de carácter plurianual. A esta cantidad, hay que restarle los 21 millones de euros que costará la obra civil (más las desviaciones presupuestarias, producto de sobrecostes, si los hubiere). Además, hay que contar con una bolsa económica proporcionada por el Consistorio de 14 millones de euros para contribuir a la adquisición de suelo, en virtud del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento de cara a desarrollar las operaciones previas.

Aunque no es posible fijar aún el dinero que se pagará por el suelo y las casas afectadas (unas cien), sí es posible saber con qué recursos se cuentan para el desarrollo de las negociaciones con los propietarios. En total, es necesario adquirir unos 826.000 metros cuadrados de terreno (en el que se incluyen las viviendas). De media, y si éstas variables se gastaran en su integridad, AENA podría pagar de media hasta 69 euros. Dichas cantidad, en realidad, tiene que ser matizada. La razón es que existe una sensible diferencia entre el suelo y las construcciones (el vuelo). En principio, y con la legislación en vigor en la mano, todas las propiedades afectadas habría que pagarlas a precio de suelo rústico, ya que no hay afectado ningún terreno calificado como urbano (actualmente, en suelo urbanizable que no ha sido desarrollado tiene que pagarse como rústico).

AENA, sin embargo, pretende primar a los vecinos que lleguen a a un acuerdo pacífico con la entidad dependiente de Fomento pagando mejor a quien no lleve a la Administración a un expediente de expropiación forzosa, una iniciativa que podría demorarse en los tribunales de justicia durante años. Una cuestión clave de este proceso se encuentra en las expectativas de los propietarios. En la zona, hay quien dice que la frontera entre el proceso pacífico y la batalla legal se ha fijado en los 120 euros por metro cuadrado de parcela, una cantidad que se paga en las urbanizaciones sin licencia más consolidadas y con mejores servicios. No obstante, AENA cuenta con ventaja. El proyecto tiene el carácter de interés público y ello permite al organismo ocupar los terrenos sin terminar el proceso de expropiación.