Los talleres de automoción ilegales se reducen un 50% tras alcanzar máximos en la crisis

Los talleres mecánicos irregulares se han reducido, desde la etapa de la recuperación económica, un 50%. Así lo detalló ayer el gerente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba, José Manuel Rodríguez-Carretero, durante la firma del convenio colectivo del metal 2017-2018, que suscribieron la patronal y los sindicatos. Rodríguez-Carretero especificó que durante la crisis aquellos negocios de automoción que contribuían a la economía sumergida se situaban en un 30% del total de negocios, una cifra que se ha reducido al 15%, según las fuentes consultadas por el gerente de Atradeco. En este sentido, la irregularidad iría desde aquellos talleres que no tienen ni un solo papel hasta aquellos que registran ciertos incumplimientos.

La economía sumergida, la que no se declara, no genera impuestos y, por tanto, tampoco beneficios, se evidencia en la mayoría de los sectores. En este caso, suele ser más fácil de generarse en aquellos negocios que no precisan de un lugar físico para el tajo, como por ejemplo las labores de arreglos cotidianos en las viviendas, las ejecutadas por los denominados manitas. En este caso, Rodríguez-Carretero explicó que es complicado, en sectores como el de la electricidad, contabilizar estos casos de irregularidad, pero apuntó que, en otros sectores, como en el de la fontanería, se llega a situar entre un 30 y un 40% del total de empresas de este tipo. También existen estadísticas de la ilegalidad en empresas de joyería y metalurgia, todas ellas ligadas a ese convenio del metal. El gerente de Atradeco apuntó que en los joyeros existe cierta irregularidad, pero no contabilizada, mientras en la metalurgia roza el 25%.

Acabar con esta economía sumergida, de manera que se dote de garantía a aquellos que cumplen, a los trabajadores y también a los consumidores es el principal objetivo del citado convenio. Con ello, Rodríguez-Carretero manifestó que "los empresarios somos los primeros interesados en que se aplique el convenio para que no se den casos de competencia desleal" y quien añadió que "generar transparencia en el mercado favorece a todo el mundo". Además, agregó que los empresarios están en continua relación con la administración para remitir actividades irregularidades e instó a un mayor esfuerzo en derivar "más denuncias" para que "los técnicos de trabajo comprueben" si de verdad esa ilegalidad existe.

La jefa de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Aumente, tomó la palabra y aseguró que la administración "teniendo en cuenta la salida de la crisis, se ha preocupado especialmente por las empresas que se encuentran en economía irregular". Con actuaciones de este tipo, recordó Aumente, "se vela por los recursos de la Seguridad Social, se consigue que los trabajadores tengan un empleo digno y se pretende que no haya competencia desleal".

Los sindicatos CCOO y UGT, firmantes del convenio, coincidieron en esta línea. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO Córdoba, Agustín Jiménez, afirmó que desde los sindicatos estarán "atentos" para que "no haya coacciones a los trabajadores" y aseguró que lo se persigue es que la economía sumergida de talleres o joyerías aflore. Su homólogo en UGT, Antonio Lopera, centró sus críticas en las empresas multiservicios "que están creciendo" y que "rompen los convenios". Además, Lopera recordó que los trabajadores se ven doblemente afectados por los talleres ilegales porque por un lado los empleados de estos últimos no están dados de alta y a los que desempeñan sus funciones dentro de la regularidad no les beneficia que existan los primeros.

En estos momentos, el sector industrial cordobés cuenta con unas 5.000 empresas que se enmarcarían dentro del sector del metal mecánico (joyeros, mecánicos o electricistas) lo que implica una gran penetración en el tejido social y productivo.