El TSJA tumba el recurso de AENA para que el Ayuntamiento de Córdoba pague las expropiaciones del aeropuerto

Córdoba/En 2022, la empresa pública de aeropuertos (AENA) anunció que recurriría la sentencia que eximía al Ayuntamiento de Córdoba de pagar unos 20 millones de euros (incluidos los intereses de demora) por la expropiación de los terrenos para la ampliación del aeropuerto de Córdoba. Ese recurso no ha prosperado dado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado a favor del Consistorio. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, quien ha recordado que la cuantía inicial (sin los intereses de demora) era de 7,5 millones de euros.

Hay que remontarse hasta septiembre de 2007 para entender los hechos. Entonces, AENA presentó al Ayuntamiento la remodelación del aeródromo, que incluía la expropiación de los terrenos que acordaron la entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Desde entonces, el Ayuntamiento siempre ha defendido que el coste de las expropiaciones de los terrenos debería asumirlo AENA y AENA siempre ha defendido lo contrario

Con José Antonio Nieto en la Alcaldía -entre 2011 y 2015-, su equipo de gobierno intentó negociar con AENA, algo a lo que la empresa pública se negó. AENA reclamó al Ayuntamiento en 2019 el pago de la expropiación de los terrenos finalmente por la vía judicial y finalmente los tribunales acabaron por darle la razón al Ayuntamiento.

Torrico ha pedido a AENA que no recurra la sentencia y que "deje de torpedear los intereses de los cordobeses; podría suponer un grave perjuicio para Córdoba, puesto que, por obligación legal, tenemos que tener bloqueados esos 7,4 millones en los presupuestos municipales, un perjuicio que sería aún mayor con los intereses de demora".

El también edil de Presidencia ha incidido esos 7,4 millones de euros del presupuesto municipal que el Ayuntamiento está obligado a retener se podría invertir en parques, en colegios, en mejorar las instalaciones de la ciudad, en dotar de más medios a las empresas municipales, "en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los cordobeses. 7,4 millones de euros son muchos millones de euros, y el empecinamiento, la manía, o el interés, o la perseverancia inútil de AENA en recurrir algo que legalmente ya se ha puesto de manifiesto, en una doble ocasión, que no lleva razón, pues hace que todavía no podamos disponer de ese dinero para otros fines", ha subrayado.

Así, el portavoz del gobierno municipal le ha insistido a AENA "que deje de enredar con un tema en el que sabe que no tiene la razón, y que, además, los tribunales se lo han negado no una, sino dos veces, el Tribunal de Córdoba en primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en segunda instancia".

Asimismo, ha pedido a los grupos municipales de la oposición (PSOE, Hacemos Córdoba y Vox) que se pongan del lado del Ayuntamiento y no del Gobierno central "puesto que no tenemos que olvidar que AENA forma parte del Ministerio de Fomento, de Transporte y Movilidad, de un Gobierno de España compuesto por el Partido Socialista y Sumar, y que sigue yendo contra los intereses de los cordobeses", ha subrayado.

La sentencia

Pero, ¿en qué se basa la sentencia favorece al Ayuntamiento? Pues en varios factores. Uno de ellos es el hecho de que el convenio que en 2007 firmó el Ayuntamiento con el entonces Ministerio de Fomento en de 2007 es un convenio marco, es decir, un acuerdo inicial entre administraciones para poder llevar a cabo esas actuaciones.

Sin embargo, ese convenio fue rechazado por el pleno, y no se aprobó porque tuvo un informe negativo. Además, este convenio primigenio tendría que haberse desarrollado con acuerdos ejecutivos que reflejaban cuáles eran las obligaciones de las partes, las casas a expropiar, pero esos acuerdos a desarrollar por AENA y el Ayuntamiento nunca se formalizaron. Por ello, cuando AENA reclamó en 2019 al Ayuntamiento que le abonara el dinero de las expropiaciones, el Consistorio decidió rechazar esa petición y comunicó a la empresa pública que no iba a pagar. Lo que supuso que AENA emprendiera las acciones judiciales.