La urbanización de Rabanales o la ampliación de la Facultad de Derecho, entre las obras del Plan de Infraestructuras de la UCO
La Junta autoriza a la Universidad de Córdoba a usar 2,77 millones del plan de extraordinario de inversiones
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Córdoba/La urbanización del Campus Rabanales o la urbanización del Rectorado son algunas de las actuaciones que la Universidad de Córdoba (UCO) podrá llevar a cabo con cargo a los 2,77 millones de euros a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, después de que la Junta de Andalucía haya dado el visto bueno a la institución académica para ello.
El Ejecutivo autonómico ha recordado que el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras es un instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario.
Para este 2024, el sistema público de educación superior dispondrá de en torno a 20 millones de euros.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar esa inversión, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Dicha autorización se ha concedido a esta institución académica debido al superávit con el que prevé cerrar este año.
Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público universitario. Hasta el ejercicio 2019, primer año del gobierno de Juanma Moreno, el uso de estos fondos no estaba autorizado.
La UCO dispone hasta la fecha de 13,07 millones de euros en concepto de remanentes, gracias a las aportaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico y a la gestión de la propia universidad, que ha venido generando superávits en años anteriores.
Otras de las obras que se llevarán a cabo con esta financiación son medidas de climatización para ahorro y eficiencia energética, sustitución de luminarias, además de la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
A todas ellas se suman la reparación de las cubiertas del actual edificio de esta facultad y la del edificio Da Vinci del Campus de Rabanales. De igual modo, se recogen otras acciones como la contemplada en el edificio del Vial Norte, la reforma de la sala de nuevas tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, así como la instalación de un ascensor y la continuación de la reforma de los laboratorios en la Facultad de Medicina y Enfermería.
Otras intervenciones contempladas son la rehabilitación del aulario Menéndez Pidal y de las casas Colonia de San José, la adecuación de la sala de descanso de estudiantes, la sustitución de la caldera de la piscina cubierta y la adecuación del salón de actos del Colegio Mayor la Asunción.
En su mayoría se trata de proyectos ya planificados por la UCO desde hace bastantes años y que, hasta el momento o no se han llevado a cabo o solo en parte.
Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de las universidades públicas, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU.
La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los fondos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU).
Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU).
Requisitos financieros para acogerse al Plan Extraordinario de Inversiones
Para beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tienen que cumplir estas instituciones académicas.
El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.
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