La lucha contra la violencia de género necesita medios para ser más eficaz

La lucha contra la violencia de género, en general, y la violencia vicaria, en particular, necesita más medios para que las instituciones puedan brindar una respuesta más ágil y una atención integral a las víctimas. Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la mesa de redacción organizada por el Día, en colaboración con el Colegio de Abogados de Córdoba, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana, y que estuvo basada en el Análisis de la Situación Actual de las Medidas de Protección para las Víctimas. Violencia Vicaria.

La cita ha reunido a representantes institucionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento, el Colegio de Abogados, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, que han analizado las herramientas que tienen a disposición las instituciones para la atención a las mujeres, sus hijos y familiares a cargo, con especial referencia a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, migrantes y las que viven en el ámbito rural.

El decano del Colegio de Abogados, Carlos Arias, abrió el acto mostrando el compromiso de la entidad para luchar contra la violencia machista y de los letrados de la provincia al respecto.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado la necesidad de actuar en la prevención, la asistencia inmediata y la atención posterior tanto a las mujeres como a sus hijos, que “son también víctimas de este tipo de violencia”. Así, el regidor lanzó un mensaje de “esperanza” para que la sociedad combata esta lacra, una palabra –esperanza– que los ponentes también utilizaron durante el debate.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha incidido a continuación en lo “imprescindible” que resulta la coordinación entre instituciones para, sobre todo, intentar prevenir la violencia a través de la educación. Asimismo, ha valorado el trabajo de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que suelen ser el primer filtro al que acude una mujer en busca de ayuda y cuyos protocolos para la atención a las víctimas se han actualizado a través de los años para “llevar a cero los asesinatos de mujeres, una de las lacras más terribles que puede vivir una sociedad”.

Y, precisamente, se ha referido a la violencia vicaria, que ha centrado la jornada, un tipo de violencia que cuando ocurrió el asesinato de Ruth y José en Córdoba a manos de su padre, “no se le había puesto nombre, pero ya estaba pasando”.

El debate de los participantes en la mesa de redacción, moderado por la periodista de el Día Lourdes Chaparro, ha girado sobre esos protocolos, la necesidad de que las mujeres cuenten con asesoría legal y psicológica al momento de denunciar y las herramientas disponibles en entornos difíciles como las zonas rurales de Córdoba, especialmente los municipios de menos de 10.000 habitantes.

La vicedecana del Colegio de Abogados de Córdoba, Concepción Ortega Fernández, ha puesto el acento en la necesidad de aclarar los conceptos, que, en el caso de la violencia vicaria, fue apenas introducido a las leyes y normativas en el año 2019 por la necesidad de generar protocolos de protección para atajar esta modalidad.

“Es un tipo de violencia instrumental que conlleva al presunto agresor a hacerle daño a una persona dependiente de la mujer, como su madre, padre o hijos, para hacerle daño a ella, es la modalidad más cruel”, ha expresado Ortega, al tiempo que ha querido aclarar que si una madre le hace daño a sus hijos “no se considera violencia vicaria, porque esta es un tipo de violencia de género, de violencia a la mujer” lo que, ha asegurado, “ no quiere decir que la conducta se quede impune, se determina como infanticidio”.

Así, contar con el concepto de este tipo de violencia e introducirlo en las leyes se tradujo en nuevas instrucciones y protocolos para la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local. “Se introducen una serie de indicadores que van relacionados con la situación de los menores a la hora de atender un caso a través del sistema Viogen”, ha intervenido el segundo jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Francisco Ruiz Naranjo.

El sistema Viogen es un protocolo de atención a las víctimas que ya está disponible en 34 municipios de la provincia y que llegará próximamente a 37 pueblos, lo que convertirá a Córdoba, junto con Granada, en las primeras provincias de Andalucía con este compromiso. El sistema arrancó con 20 apartados y ya se han ampliado hasta los 40 que están relacionados con la situación de la víctima, su vida social, laboral, tanto de ella como del autor del hecho. Se hace una valoración integral para conocer la realidad y propone cinco niveles de riesgo, que arrojan luces para tomar las medidas de seguridad y asignar un agente para su protección.

La Guardia Civil comparte este sistema con la Policía. El inspector jefe del Grupo de Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, Antonio Cebrián Saco, ha destacado que aunque el protocolo sobre violencia vicaria se incorporó hace poco tiempo, “en los últimos cinco años se ha tenido en cuenta a los menores cuando una mujer llega a denunciar, así como a la hora de ofrecer la orden de protección”. Sin embargo, ha aprovechado la oportunidad para destacar que se han encontrado "con alguna carencia de recursos”. “Intentamos darle salida y hacemos todo lo posible para brindarle soluciones a la víctima. Tenemos recursos, pero insuficientes”, ha dicho y ha hecho la petición suya: “Yo quiero más recursos para la atención primaria”, ha demandado.

Y es que, en ámbitos tan complicados como el rural, la responsable de formación de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, Dulcenombre Rodríguez García, ha asegurado que, aunque el contacto con los agentes es más directo en los pueblos, la realidad de la violencia de género es mucho más complicada.

Se ha demostrado, según Rodríguez, que en las zonas rurales con menos de 10.000 habitantes es donde se producen más asesinatos.

“No denuncian por vergüenza, por miedo, por sentirse culpables, porque la propia familia no la apoya. Esa es la realidad que vivimos todos los días en los pueblos”, ha aseverado. Rodríguez ha trasladado al debate la falta de efectivos en los puestos de algunos municipios, que ha confirmado Ruiz Naranjo con cifras: en los últimos 14 años han perdido unos 20.000 agentes, lo que ha obligado a la Guardia Civil “a reinventarse” juntando hasta cinco demarcaciones para cubrir la demanda en cuarteles que no tienen capacidad de estar abiertos las 24 horas.

Dulcenombre Rodríguez ha ido más allá en su llamamiento sobre la realidad del medio rural: “No somos nadie para juzgarlas, para negarlas, es un flaco favor que se le está haciendo a las víctimas, no somos nadie para ponernos en los zapatos de las mujeres”, ha expresado, aunque ha lanzado una frase lapidaria: “Ninguna de las que estamos aquí estamos libres de ello”. La necesidad del ámbito rural es tal que los juzgados no están especializados en la materia fuera de la capital cordobesa, en la que existe un único juzgado de violencia de género y haría falta crear uno más o, como también se ha puesto sobre la mesa durante el debate, especializar aún más el que existe.

Así, trasladar la asistencia legal a las mujeres en el lugar de la denuncia ha sido el otro foco de debate en la mesa de redacción. Concepción Ortega Fernández ha sido clara: “La mujer tiene que tener la asistencia letrada antes de poner la denuncia porque están preparados para ello, estar lejos no puede ser un inconveniente, así como el denunciado no habla hasta tener su abogado, queremos igualdad de formas. Esa es nuestra idea”, ha propuesto.

El inspector jefe del Grupo Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional ha acompañado la petición pero ha incidido en que “en ocasiones nos podemos tardar entre tres y cuatro horas en atender a una víctima por falta de abogados”. Además, ha pedido “que exista el apoyo psicológico en el momento de ese procedimiento". "Me gustaría que hubiese un psicólogo de guardia para dar una mejor respuesta”, ha matizado. Dulcenombre Rodríguez ha enfatizado en que cuando llega el momento de declarar “ni la víctima está preparada ni a la abogada le da tiempo de conocer el caso”.

Al respecto, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha puesto en valor “la artillería” de recursos del instituto y, sobre todo, el teléfono de atención a las víctimas (900 200 999), al que se puede llamar desde cualquier parte de la provincia. Hasta junio, el IAM atendió a seis menores en Córdoba por agresiones sexuales y, al respecto, Arroyo ha pedido que de darse la sospecha de haber sufrido una sumisión química “acudan directamente al hospital, porque esa prueba desaparece rápido en sangre”. Sin embargo, el inspector de la Policía Nacional ha dado una cifra más actual: entre el 6 y el 7 de noviembre registraron tres víctimas por violencia sexual, dos de ellas menores de edad y una con discapacidad.

Las ideas planteadas y las conclusiones del debate han quedado como parte de las peticiones de abogados, agentes y asociaciones a las administraciones públicas para que la lucha contra la violencia machista sea más eficaz. Los participantes abogaron igualmente por aumentar los juzgados de violencia de género en la ciudad para ser más operativos.

El director de el Día, Juan Ruz, agradeció el “compromiso” de las instituciones participantes en la mesa contra la violencia vicaria y destacó como un valor su “inconformismo” para reclamar esa necesidad de medios materiales y humanos para luchar contra la violencia de género.