La Audiencia Provincial ratifica la administración judicial del Córdoba CF

Un nuevo capítulo en la agitada y complicada vida judicial del Córdoba CF. La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la legitimidad de los administradores judiciales y su labor al frente de la entidad cordobesista. Lo ha hecho al desestimar los recursos de apelación presentados en su día por Joaquín Zulategui y por Sebastián Almenara, un accionista del club que se había opuesto también a la decisión que adoptó en noviembre el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, que designó a Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu como administradores del club tras la detención de Jesús León.

En el auto de resolución, el citado organismo judicial tumba el recurso presentado por Joaquín Zulategui, que argumentaba que en su día no se convocó al consejo de administración del Córdoba CF para informarle del nombramiento de la administración judicial. El escrito recuerda que Jesús León ejercía el cargo de consejero delegado del CCF y contaba con todos los poderes otorgados para representar a la institución. Además, la resolución se basa también en la necesidad de impedir que León "pudiera continuar realizando actos en perjuicio de la sociedad, pues él era de facto todo el consejo de administración", como recoge el citado auto de la Audiencia Provincial.

En el texto, además, se desmonta también el argumento esgrimido por Zulategui de que las acciones del Córdoba CF SAD estaban pignoradas en favor de Azaveco, destacando lo llamativo de que una tercera persona defendiera los intereses de una sociedad (Azaveco) que no se había personado contra la administración judicial ni había presentado recurso alguno.

La otra reclamación que pedía la nulidad de la administración judicial en el Córdoba CF la presentó Sebastián Almenara, un antiguo accionista del club que se personó en la causa acreditando su condición con un título fechado en enero de 2001, cuando la entidad realizó a finales de 2006 una operación mediante la que el capital social se redujo a cero para posteriormente ser ampliado. El auto recoge que la condición de accionista de este hombre quedó, por tanto, "sin eficacia ni valor ninguno, al ampliarse posteriormente el capital y emitirse títulos nuevos".

La Audiencia Provincial, por tanto, considera que la presencia de Sebastián Almenara en este proceso no procede, ya que "no reúne la condición de perjudicado por los delitos objeto de investigación". Contra esta resolución ya no cabe recurso, por lo que la posición de los administradores judiciales (Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu), queda totalmente ratificada.

Pendientes de la ratificación del juez Caballero

Esta resolución de la Audiencia Provincial viene a aclarar un poco más la tremenda maraña judicial que envuelve a la entidad cordobesista. Un club que ahora está pendiente de la ratificación del juez Fernando Caballero como encargado de asumir la causa pendiente por el concurso del Córdoba CF SAD y la venta de la unidad productiva a Infinity.

Caballero, que ya estuvo al frente del concurso de acreedores que el club vivió en 2011, fue propuesto este pasado jueves por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de entre los tres magistrados que se habían presentado como alternativas al juez Fuentes Bujalance. Éste fue apartado del caso después de que prosperara el incidente de recusación planteado contra el magistrado que autorizó la venta de la unidad productiva del club, que finalmente fue adjudicada a Infinity como única oferta en firme presentada en tiempo y forma durante el concurso abierto por los administradores judiciales.

El nombramiento definitivo de Fernando Caballero como juez encargado de continuar con la causa abierta queda hora en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este proceso es clave para el futuro de la entidad, pues de la ratificación de la venta de la unidad productiva depende el futuro de Infinity en la institución y del Córdoba CF, toda vez que la antigua SAD sigue sin una propiedad clara y está en una situación concursal que haría prácticamente inviable la continuidad del club como institución deportiva.