Diez años de irregularidades en el Córdoba CF

Los diez últimos años de gestión en el Córdoba CF han estado llenos de irregularidades. Así se desprende del último informe forense presentado por los administradores judiciales al juez, en el que recogen y detallan de manera pormenorizada hasta ocho operaciones potencialmente fraudulentas cometidas en el periodo comprendido entre las temporadas 11-12 y 19-20; es decir, las etapas de Carlos González (y su hijo Alejandro) y Jesús León (y Luis Oliver) en la dirección de la entidad cordobesista.

En el informe, de 73 páginas y al que ha tenido acceso el Día, el letrado Francisco Estepa y el economista Javier Bernabéu, no emiten valoración alguna, sino que se limitan a describir diferentes hechos que ahora el magistrado tendrá que determinar si son punibles, ya sea desde el punto de vista penal o civil. De momento, el análisis recoge acciones que hayan podido dañar el patrimonio societario de la entidad y sean indiciarios de algún tipo de fraude.

El periodo que incluye el informe va desde el 9 de noviembre de 2009 al mismo día de 2019 -los delitos prescriben a los diez años-, cuando el club fue intervenido judicialmente tras la detención de León, si bien no se recogen anomalías durante la etapa de Prasa, que finalizó el 3 de junio de 2011 con la transacción a Ecco Documática (González). Esto desencadenó en la apertura de un nuevo concurso para el Córdoba CF SAD, ahora parado a la espera del nombramiento de un nuevo magistrado tras la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance, y la venta de su Unidad Productiva a Infinity.

El informe forense ya en manos del juez arranca con los famosos 8 millones que Ecco Documática (Azaveco en la actualidad) se comprometió a asumir en el contrato de compraventa con Prasa, como recogieron los análisis entregados por la administración concursal en ese momento. Un crédito contra la empresa de Carlos González que ya no fue incluido en el balance del curso 11-12 y que nunca ha sido satisfecho, ni siquiera ante la petición de la AJ el pasado diciembre antes de proceder a la venta de la UP.

El segundo punto se centra en las retribuciones de los miembros del consejo entre los cursos 12-13 y 17-18 y su tratamiento en las cuentas anuales del club. De hecho, recogen un descuadre de más de 1,4 millones entre las cantidades recibidas (nóminas, dietas, pisos, tarjetas de crédito...) por los ex presidentes Carlos y Alejandro González, Jesús León y personal de alta dirección como Javier Jiménez, Andrés Delgado, Sergio Medina, Iván Zaldua o Gonzalo Sánchez-Quiñones, y las recogidas en las memorias de los balances. En un cuadro aparte, se recogen también gastos que indiciariamente no corresponden al funcionamiento del club, como facturas de seguridad en el domicilio de la familia González en La Moraleja.

Sin valoraciones, el juez decidirá si hay punibilidad

Otro aspecto de dudosa regularidad es el referido a las operaciones vinculadas entre el Córdoba y empresas de los dueños de la sociedad en este periodo. Entre ellos recoge una factura por valor de 296.000 euros de Ecco Documática por servicios de administración que no es posible determinar si existieron como tales, una situación similar a otra de 2017, ya con Azaveco, por valor de 206.000 que supuestamente fue satisfecha, aunque no consta documentación. Respecto a León, recoge un pago de más de 268.000 euros por servicios de apoyo a la gestión entre Grucal Properties, representada por él mismo, y el club que ya presidía.

También hay lugar en el informe forense para la ciudad deportiva del Parque del Canal que nunca se llegó a construir. Dejando a un lado el millón cobrado por Jesús León que está en investigación judicial, la AJ indica que hay algunos movimientos (operaciones, facturas, contratos) sin claro soporte legal. Además, hace hincapié en un préstamo de 1,5 millones del CCF con Football Management Sánchez (Salva Sánchez) con un interés fuera de mercado (15%), además, de nuevo, en la falta de información en las cuentas y la dudosa relación entre el club y su Fundación.

El análisis remitido al juzgado deja claro también que no hubo lugar al reparto de dividendos por valor de 1,5 millones llevado a cabo en diciembre de 2016 tras solventar un primer rechazo por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) en junio con operaciones que los administradores consideran fuera de lugar y que hubieran impedido tal bonificación al quedar el patrimonio neto por debajo del capital social.

Mirando de nuevo a la etapa de Jesús León en el club, los administradores han advertido un desfase entre los importes vendidos y los registrados en taquillas de más de 200.000 euros, en concepto de abonos y entradas. Pero lo más significativo es la relación contractual con las empresas de Luis Oliver (Sinotsport y Bitton Sport), por su prestación de servicios en la gestión deportiva. La vinculación, por cinco años, recogía un fijo y un variable por objetivos, si bien el informe considera un precio "fuera de mercado", atendiendo a los antecesores en el cargo, tanto en el salario como en los pluses, y unos abonos extra no contabilizados. Por último, señala además el pago de 100.000 euros a Danubio, no registrado, por dos jugadores (Ghan y Graví) que jugaron en el filial con nóminas de apenas 700 euros.

Para finalizar el informe forense, Estepa y Bernabéu se detienen en pagos sin soporte documental y a sociedades vinculadas realizados en este periodo de tiempo por la sociedad blanquiverde. Entre ellos se encuentran abonos a WACC (Joaquín Zulategui), Globaltecnia o Sanivo Abogados (Magdalena Entrenas), entre ellos la negociación con El Naranjo por el equipo femenino que no encuentra justificante alguno.