El juez niega las cintas a la Federación

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, no enviará a la Federación Española de Fútbol las escuchas sobre la presunta compra del Hércules-Córdoba, que implican directamente a Raúl Navas en el posible apaño. Diversos medios alicantinos apuntaron este extremo en la tarde de ayer citando fuentes judiciales. El motivo es que esas escuchas telefónicas habrían producido una intromisión en la intimidad de las personas. De este modo, las cintas no llegarán -de momento- ni a la RFEF ni al CSD.

De la Fuente, que la semana pasada había archivado el caso debido a que la compra de partidos no está aún tipificada como delito en el Código Penal, notificó ayer un nuevo auto en el que desestima la petición del fiscal anticorrupción para que comunicara a los organismos deportivos las irregularidades administrativas descubiertas. Todo después de que por la mañana llamara a declarar a su juzgado al propio Enrique Oliver, máximo accionista del Hércules y objeto de las grabaciones. En todo caso, el auto puede ser recurrido y la Fiscalía de Alicante estudiará ahora si presenta algún recurso o da definitivamente por cerrado el caso.

Ése fue el último capítulo de un día de locos, que comenzó con la bomba publicada en El País y en la que transcribían las escuchas realizadas a Ortiz apuntando a Raúl Navas. La noticia corrió como la pólvora echando aún más leña al fuego a un asunto que amenazaba -y todavía amenaza, porque traerá cola- con enquistarse.

En la conversación, Enrique Ortiz, investigado por el caso Brugal, comenta con un familiar: "El portero del otro equipo? ¿De qué equipo estás hablando? ¿Ese partido?". Y el constructor contesta: "Del anterior, del último que ganamos aquí. Le di 100.000 euros... En el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... Es que fue la hostia, macho... El 4-0... 100.000 euros le había dado al portero".

Posteriormente, y según asegura El País, la grabación incide en la primera oferta de 300.000 euros a toda la plantilla del Córdoba por dejarse perder, aunque ésta fue rechazada. Entonces, Ortiz insistió en Raúl Navas, que presuntamente acabó aceptando.

La revelación de las escuchas y su exposición pública abre una nueva dimensión en la polémica abierta desde la semana pasada. Hasta ahora, el caso Brugal se encuentra bajo secreto de sumario, y las diligencias concretas que afectan a la supuesta compra de partidos -tanto el que implica al Córdoba como los otros supuestos intentos ante Salamanca, Girona y Recreativo de Huelva- han sido cerradas. El motivo esgrimido por el juez De la Fuente es que no afectan al fondo de la investigación del caso, que es la adjudicación fraudulenta en la gestión de recogida de basura en el Vega Baja de Alicante.

Dos son los factores en los que el juez se basa para este cierre del caso, los mismos que utilizó ayer para inhibirse en la solicitud del CSD de que trasladara las grabaciones. En primer lugar, el fraude deportivo no es un delito con el actual Código Penal, aunque la reforma que se votará el próximo 22 de diciembre en el Congreso sí lo incluirá en su redacción. Así, aunque sea por una mera cuestión formal y de fechas, sin delito no hay culpable. Por otra parte, y al ser un asunto que ha tocado de forma tangencial e involuntaria la auténtica investigación de su juzgado, su revelación podría suponer un atentado contra el derecho a la intimidad de las personas que han sido grabadas contra su voluntad y sin consentimiento. Pero la presión que está recibiendo en los últimos días es enorme, y seguramente aumentará en las próximas horas tras la filtración de los contenidos de las escuchas.

Para empezar, la Fiscalía de Alicante había instado al juez De la Fuente a que trasladara los hechos al CSD y la RFEF, para que estudien y sancionen si así lo estiman el comportamiento de los implicados. Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, reconoció hace unos días que había consultado con la Abogacía del Estado, pero que hasta que no tuviera en su mano las diligencias judiciales no podría actuar. Y esas diligencias están a día de hoy cerradas.

Y luego están las presiones externas de los clubes que se sienten implicados. El que más ruido está haciendo es el Betis, cuarto en la Liga Adelante y que pretende que caiga un castigo ejemplar sobre el Hércules. La Ley del Deporte establece para una sanción de pérdida de dos categorías para el infractor, con lo que el Hércules descendería a Tercera División y el Betis tendría los derechos a ocupar la plaza de los alicantinos en la Liga BBVA.

También se ha subido al carro el Cádiz, descendido a Segunda B y que ahora quiere aprovechar el río revuelto para recuperar su puesto en la categoría de plata. Los cadistas, descendidos como decimonovenos al término de la pasada campaña, podrían verse beneficiados en caso de que el Hércules fuera descendido a Tercera y el Betis ocupara esa plaza en Primera, dejando vacante un hueco en Segunda. Por otra parte, El País apuntó que si el Córdoba fuera castigado, el equipo podría sufrir una sanción de seis puntos sobre los 55 que acumuló, y con 49 caería a puestos de descenso. En todo caso, al quedar claro en las grabaciones que no fue toda la plantilla la implicada en el supuesto amaño, el club quedaría sin castigo, algo que ya han confirmado con la RFEF miembros del consejo de administración blanquiverde.