Acortar tiempos de pago a proveedores, una de las medidas contra la morosidad
El Gobierno ha anunciado que dentro del plan de lucha contra la morosidad se va a obligar a las administraciones públicas a informar de los "periodos medios de pago a los proveedores"
Madrid/El Gobierno ha anunciado que dentro del plan de lucha contra la morosidad se va a obligar a las administraciones públicas a informar de los "periodos medios de pago a los proveedores", de manera que tendrán que "prever un plan de tesorería" para acortar los tiempos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido al paquete en la lucha contra la morosidad que ha aprobado el Gobierno, dentro del cual se ha acordado el anteproyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público, que se remitirá al Consejo de Estado.
La vicepresidenta ha dicho que se trata de una reforma que busca combatir la persistente situación de morosidad entre las administraciones públicas que puede conllevar "riesgos de sostenibilidad financiera". Ha dicho que será obligatorio "publicar los periodos medios de pago a los proveedores" y se establecerán distintas fases para cumplir con la exigencia legal del pago en 30 días con carácter progresivo, "con medidas de información y corrección".
Ha añadido que para permitir además a las administraciones que puedan acercarse a los plazos legales y cumplir con los periodos medios de pago se ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. "Venimos a poner a disposición de los ayuntamientos medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez para que puedan hacer frente a sus obligaciones", ha precisado la vicepresidenta. En el plan contra la morosidad, Sáenz de Santamaría ha dicho que además se incluyen nuevas categorías de obligaciones pendientes de pago, entre las que ha mencionado la deuda con universidades y parques tecnológicos, las transferencias a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y con fines sociales del tercer sector (servicios sociales).
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destacado la "transparencia" que implica el plan para combatir la morosidad, con lo que se pretende "aumentar el número de proveedores que vayan con seguridad a ofrecer sus bienes y servicios a las administraciones públicas", con unos tiempos de pago "acortados". Montoro ha señalado que se ha avanzado en una "financiación que lleve adelante el pago de las facturas pendientes de las administraciones públicas", de manera que "aquellos ayuntamientos que están ya en superávit o con remanente de tesorería suficiente puedan aplicarlo a inversiones que mejoren sus pueblos o ciudades". El ministro se ha preguntado cómo prima el Gobierno a los ayuntamientos que han hecho bien los deberes, y a ello ha respondido "que el estímulo está en el cumplimiento".
En relación con el pago de las facturas, ha precisado que se está poniendo en marcha un acortamiento del tiempo de pago de las facturas y ha puntualizado que con ello "no se va a producir un afloramiento de los déficits públicos porque ya está todo aflorado" y ahora de lo que se trata es de "pagar y ordenar planes de tesorería", porque es "fundamental". Montoro ha insistido en la necesidad de "transparencia de la gestión pública" con una limitación de los tiempos de pago de las facturas, "facilitando medios financieros". Por último, el ministro se ha referido al plan especial de financiación para las entidades locales que no pueden hacer frente a los pagos ordinarios, que ascienden a 518 de los 8.117 ayuntamientos de España. El Gobierno exigirá a esos ayuntamientos en una "situación potencialmente más delicada" unas "condiciones exigentes" relativas a la financiación de los servicios públicos y la clase de servicios que prestan.
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