Agricultura hará públicas las empresas sancionadas por prácticas abusivas

El Gobierno ha puesto hoy sobre el papel su respuesta a las movilizaciones agrarias. El BOE ha publicado un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que no sólo modifica la ley de cadena agroalimentaria, sino que también facilita desde el punto de vista fiscal la incorporación de jóvenes agricultores, bonifica la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos, reduce las peonadas necesarias para cobrar el subsidio de 35 a 20 y permite a los inspectores de trabajo entrar en los domicilios de las casas de acogida de inmigrantes que trabajan en el campo.

Cadena agroalimentaria

La reforma de la ley de 2013, que está pendiente de una ampliación motivada por una directiva europea de buenas prácticas comerciales, establece que el precio pactado entre el productor agrícola y el primer comprador cubra como mínimo el coste efectivo de producción. ¿Cómo se determina este coste? Pues, según consta en la norma, con factores "objetivos", como pueden ser los datos que periódicamente publica el Ministerio de Agricultura sobre los costes de una explotación agraria. En el resto de eslabones de la cadena, se aplica el mismo principio: no se podrá comprar a un precio inferior al coste en el que haya incurrido el operador. Además, el Gobierno obliga a que las ofertas-reclamo de los supermercados se hagan de común acuerdo entre las partes, mediante un contrato que especifique los plazos, precios de cesión y volúmenes objeto de la promoción. Por último, la Administración publicará periódicamente las sanciones, con nombre y apellidos, cuando sean firmes en vía administrativa o judicial, en caso de recurso. En el caso de Agricultura lo hará periódicamente en su página web y el resto de administraciones también estarán obligadas a hacerlo. Bastará además con una sanción mayor de 3.000 euros para que el nombre se haga público de forma automática.

En teoría, esta reforma es de aplicación inmediata, y se da seis meses de plazo a las empresas para que modifiquen los contratos ya establecidos que no se ajusten a la normativa recién aprobada.

Fiscalidad de jóvenes agricultores

El Gobierno quiere dar solución a un problema que desincentivaba la incorporación de jóvenes al campo. Éstos reciben subvenciones a cuatro años vista para la primera instalación, pero tienen un problema: deben abonar el impuesto sobre estas ayudas de una vez y antes de recibirlas. Eso ocasiona un cuello de botella que ahora se soluciona y se permite al beneficiario tributar por partes y en cuatro ejercicios. Esto es aplicable también a las ayudas para participar en el capital de empresas agrícolas.

Este apartado entra en vigor el 1 de enero de 2020 con efectos retroactivos

Reducción de las peonadas para recibir el subsidio

A los jornaleros de Andalucía y Extremadura incluidos en el régimen especial agrario se les reducen las peonadas necesarias para recibir el subsidio agrario, el paro de los temporeros. Ahora bastará con que demuestren que han echado 20 peonadas en un plazo de 12 meses para acceder a él, a diferencia de las 35 que había hasta ahora. No es la primera vez que se aplica esta medida, que es excepcional y temporal como consecuencia del "importante descenso de la producción del olivar", unida a la aplicación de los aranceles en EEUU. La aplicación de la reducción, pues, comienza hoy finalizará el 31 de diciembre de 2020.

Bonificaciones por convertir contratos temporales en indefinidos

El Gobierno ofrece bonificaciones a la Seguridad Social, una de las grandes reivindicaciones del campo, pero sólo en caso de que se conviertan temporales en indefinidos o fijos discontinuos, y con una mayor deducción para las mujeres. Para licenciados e ingenieros con una base menor de 1.800 euros la reducción es de 40 euros al mes (480 al año) y para las mujeres de 53,3 euros (640 euros). Para el resto de trabajadores, se pone un tope de pago de 94,63 euros al mes o 4,30 euros por jornada real trabajada. En el caso de trabajadoras, este tope es de 63,09 o 2,87 euros por jornada real trabajada. La permanencia en el puesto de trabajo para que el empresario agrícola pueda tener derecho a estas bonificaciones es de tres años.

Inspecciones en las casas de inmigrantes temporeros

El Gobierno amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo a las casas habilitadas por los empresarios para que residan los inmigrantes temporeros durante el periodo de trabajo. Con ello se llena un vacío legal que impedía a los inspectores investigar fuera del ámbito estrictamente laboral, y el objetivo es constatar que los alojamientos reúnen "las adecuadas condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad" a a las que está obligado el empresario.

Las tres últimas medidas se refieren al empleo y no proceden de reivindicaciones de agricultores, sino más bien de los sindicatos UGT y CCOO, apoyados por Podemos.