Bruselas impone a España un calendario para la reforma de las pensiones, el mercado de trabajo y el IVA

Bruselas/La Comisión Europea (CE) ha impuesto a España un calendario para las medidas que su Gobierno debe tomar en 2013 y 2014 respecto a la reforma de las pensiones, así como para la revisión de la reforma laboral y del sistema tributario y del IVA. La CE pidió al Ejecutivo español que como muy tarde a finales de 2013 culmine la regulación del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones, realice una "revisión sistemática" del sistema tributario para marzo de 2014, finalice la evaluación de la reforma laboral antes de julio y presente posibles modificaciones hasta septiembre.

Bruselas considera que el país debe garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones y establecer, entre otras cosas, que la edad de jubilación aumente en función del incremento de la esperanza de vida, señala en su informe sobre el plan nacional de reformas y el programa de estabilidad.

Por otra parte sostiene que el Gobierno español debe considerar "una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa y explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos". También afirma que Madrid debe adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los gravámenes sobre los carburantes, para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades e intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado.

La CE quiere asimismo que España finalice el programa de recapitalización de los bancos, incluidas las medidas de fomento de la intermediación no bancaria adoptadas en noviembre de 2012.

El Ejecutivo comunitario exige además concluir para julio próximo la evaluación de la reforma laboral y que ésta abarque todos sus objetivos y medidas, y que el Gobierno presente "modificaciones, si fuera necesario, en septiembre a más tardar". España tiene asimismo hasta julio para adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013, realizar "rápidamente una reforma de las políticas activas de empleo", orientadas a resultados concretos, incluido el fortalecimiento de los objetivos y la eficiencia de las orientaciones, señala Bruselas en su informe. En este mismo apartado, la CE dice que convendría reforzar y modernizar los servicios de empleo público para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación y reforzar la eficacia de los programas de cualificación para los trabajadores de más edad y escasa formación.

El Gobierno español tendrá que poner además en funcionamiento pleno el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva este año. Para luchar contra el paro juvenil, España debería tomar las medidas expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para 2013-2016 y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por ejemplo mediante una garantía juvenil. Sería recomendable además que prosiguiera la labor encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente. Ello se podría hacer prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos hasta finales de año, indica el Ejecutivo comunitario.

La CE también recomienda a España que apruebe y aplique "urgentemente" el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y acelere todas las acciones complementarias necesarias para su pronta aplicación. También le pide a Madrid que garantice la eficacia, autonomía e independencia del organismo regulador creado recientemente y que adopte e implementa antes de fin de año la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor. Igualmente debe abordar el déficit de la tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector antes de finales de año. También señala la aprobación de la reforma de la administración local y elaborar hasta octubre un plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública, entre otras recomendaciones.