Chipre alivia las restricciones bancarias y sella el acuerdo con la troika

El país tendrá hasta 2018 para completar su programa de ajuste fiscal y de privatizaciones de empresas públicas y semipúblicas, dos años más de lo previsto inicialmente. El ministro de Finanzas ha dimitido.

Efe

02 de abril 2013 - 18:40

Nicosia/El Gobierno chipriota ha apretado el acelerador y apenas una semana después de reabrir los bancos, este martes selló el acuerdo con la troika, levantó parte de las restricciones al flujo de capital e instituyó la comisión encargada de depurar responsabilidades en torno a la crisis.

El Ministerio de Finanzas anunció que a partir de este martes se alivian algunas de las medidas draconianas impuestas la semana pasada para evitar la fuga de capitales. Lo principal del nuevo decreto aprobado es que a partir de ahora se permite a particulares efectuar pagos por cheque de hasta 9.000 euros mensuales por individuo y banco. Se mantiene, en cambio, el límite de 300 euros para la retirada diaria en efectivo. También se decidió aumentar de 5.000 a 25.000 euros el permiso de abono por cheque a las empresas; cantidades superiores a 25.000 e inferiores a 200.000, estarán sujetas a la aprobación por parte del Banco Central de Chipre.

Apenas unas horas después de aprobarse este decreto y de que juraran en sus cargos los tres ex magistrados que componen la comisión que investigará el entramado bancario en torno a la crisis, el ministro de Finanzas, Mijalis Sarris, anunció su dimisión. Sarris había estado en las últimas semanas -solo lleva algo más de un mes en el cargo- en el punto de mira de las críticas por su mala gestión de la crisis y por la falta de coordinación con el Banco Central de Chipre, cuyo gobernador, Panikos Dimitraidis, también está en la cuerda floja. Pero Sarris dimitió por otro asunto: en 2012 fue durante ocho meses presidente de la junta administrativa del Banco Popular (Laiki), ahora en proceso de liquidación y uno de los focos principales de las tareas de la comisión de investigación. El ministro explicó que presentaba su dimisión precisamente para facilitar el trabajo de la comisión, habida cuenta del cargo responsable que desempeñó en el citado banco.

El presidente, Nikos Anastasiadis, informó de que aceptaba la renuncia, pues se producía en un momento en que las negociaciones con la troika han concluido, y además "con éxito" para el Gobierno, que ha conseguido mejorar algunas de las condiciones del preacuerdo cerrado en noviembre pasado por el Ejecutivo anterior. El portavoz del Gobierno, Jristos Stylianidis, presentó algunas de las líneas generales de este acuerdo, con el acento puesto en los puntos donde Nicosia ha logrado arañar compromisos a la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Un éxito fundamental para Chipre es haber ganado tiempo para la aplicación del memorando de entendimiento, como se denomina el acuerdo que impone las condiciones al rescate. El memorando establece un periodo de amortización del préstamo de los 10.000 millones de euros de 22 años, a empezar a pagar dentro de diez, y a un interés que oscilará entre el 2,5% y el 2,7%.

Chipre tendrá hasta 2018 para completar su programa de ajuste fiscal, dos años más de lo previsto inicialmente. Con esta ampliación de dos años sobre el calendario previsto, la adaptación resultará más fácil y las medidas se distribuirán en cinco años en vez de tres, lo que a su vez mitigará la presión, recalcó Stylianidis. El portavoz había adelantado ya el lunes que se había logrado ganar un año en el objetivo de consolidación presupuestaria, y en lugar de 2016, Chipre deberá obtener tan solo en 2017 un superávit primario (que excluye el pago de la deuda) del 4%. También ha ganado tiempo en el calendario de privatizaciones de empresas públicas y semipúblicas, que se extiende en dos años hasta 2018. Este había sido uno de los puntos más señalados de la campaña electoral en febrero, pues ninguno de los candidatos que se presentaban, tampoco Anastasiadis, querían entrar en la espiral de las privatizaciones.

Nicosia ha logrado arrancar también un compromiso en lo que respecta al recorte de la función pública, y en lugar de 5.000 de los casi 52.000 empleados públicos que tiene Chipre, deberá despedir a 4.500 hasta finales de 2016. "La conclusión del acuerdo con la troika debería haber ocurrido mucho antes, en condiciones políticas y económicas mucho mejores. A pesar del retraso, la situación a partir de ahora se normalizará, y se crearán el entorno necesario para poner en marcha la economía", explicó Stylianidis.

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