España propone al G-20 un decálogo para reformar el sistema financiero

Para ser protagonista hay que aportar ideas. El Gobierno, obsesionado con los galones internacionales, ha remitido a Londres un documento con sus propuestas de reforma del sistema financiero ante la próxima cumbre del G-20. Su idea es obligar a la banca a informar sobre sus riesgos y las retribuciones de sus altos cargos y convertir al FMI en supervisor del sistema.

José Luis Rodríguez Zapatero ha fijado su posición en un decálogo en el que subraya la necesidad de "reducir la incertidumbre" en un momento en el que las empresas y los hogares recortan su gasto "mientras el desempleo crece, las previsiones de ventas se desploman y las expectativas económicas se deterioran". A corto plazo, para reactivar el crédito, sugiere a las principales potencias del mundo y a las economías emergentes del G-20 que los gobiernos compartan con los bancos el riesgo de nuevos préstamos o aseguren los suministros de seguros de crédito, con especial atención al crédito a la exportación. Reclama además un "compromiso político renovado" con el libre mercado, ya que considera que uno de los mayores riesgos a corto plazo es el recurso a soluciones proteccionistas.

La primera de las diez propuestas busca garantizar que las autoridades públicas tengan toda la información relevante sobre las entidades bancarias y los mercados. Apuesta así por establecer requisitos obligatorios de información para los fondos de alto riesgo y por crear registros de transacciones en los mercados extrabursátiles, incluyendo los mercados interbancarios en los que habitualmente no hay información disponible.

La segunda propuesta es establecer un sistema de provisiones anticíclicas que sirvan a los bancos para cubrir sus riesgos durante las épocas de bonanza y para evitar que, en momentos de incertidumbre, dejen de conceder crédito a prestatarios solventes. La tercera idea parte de la base de que los activos de las entidades han sido sobrevalorados, por lo que es necesario mejorar los estándares contables para suministrar información fidedigna a los inversores. En esta misma línea, el Gobierno apuesta por garantizar el derecho de los clientes de los bancos a recibir información exacta y justa y reclama medidas "enérgicas" contra las prácticas engañosas.

La quinta iniciativa busca controlar las retribuciones de los ejecutivos de la banca. El Ejecutivo se muestra preocupado por el "riesgo moral" de las ayudas concedidas a los bancos, ya que éstos podrían creer que el erario público siempre estará presto a rescatarlos. Para restablecer "la disciplina de mercado", propone como sexta medida que las entidades financieras asuman los costes sociales derivados de su fracaso potencial.

Las dos siguientes propuestas van dirigidas a reformar el FMI. La comunidad internacional debería aceptar su rol de supervisor y "árbitro" financiero internacional. Las dos últimas se centran en los bancos multilaterales de desarrollo, que tendrían que ajustar su accionariado a la situación y aumentar sus flujos netos hacia los países durante los periodos de bajo crecimiento. Llama la atención la ausencia de referencias a los paraísos fiscales, aunque Zapatero ha abogado en público por su supresión.