El Gobierno sólo aceptará retoques de la reforma laboral que no dañen su esencia

El Gobierno no aceptará ninguna enmienda del modelo de reforma laboral que propone si afectan a su objeto central o la desvirtúan, "porque el objetivo es que se aplique", manifestó ayer en Burgos el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que reclama, además, un "esfuerzo" a los grupos parlamentarios para que la norma se tramite por la vía de urgencia.

El objetivo es que se evite, en la medida de lo posible, la incertidumbre en el tiempo que pase entre su entrada en vigor hoy como decreto ley y su definitiva aprobación parlamentaria como proyecto de ley.

Respecto a su contenido, el ministro de Trabajo insistió en dos de sus tesis recurrentes antes de la aprobación del decreto: la reforma laboral ni abarata el despido ni servirá por sí sola para crear empleo. También explicó que la indemnización por despido seguirá siendo igual para los empleados con contrato vigente. Sí será diferente (de 33 días por año trabajado en caso de despido) en los contratos a antiguos indefinidos que hayan sido despedidos tras permanecer más de un año en su puesto de trabajo.

En este último supuesto, dijo el ministro, parte de esas indemnizaciones, concretamente ocho días, serán abonados con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), lo que supone aplicar una colaboración económica que hasta ahora sólo se aplicaba en empresas de menos de 25 trabajadores con dificultades económicas, a las que se cubría el 40% del coste de los despidos.

En cuanto a la generación de empleo, Corbacho aseguró que sería "un error" imputar a la reforma laboral la creación de puestos de trabajo, aunque puede facilitar que no se destruyan y contribuir a una mejora de la competitividad de las empresas. Tras afirmar que el empleo "lo destruye o lo genera la economía", el ministro puso como ejemplo de la aportación que supone la reforma laboral la posibilidad de que empresas que atraviesen dificultades puedan reducir las horas de trabajo de sus empleados o suspender contratos, en lugar de tener que despedir personal, "lo que permitirá mantener las plantillas, y que las empresas obtengan una bonificación en sus cuotas a la Seguridad Social".

También defendió que las causas de despido objetivo por razones económicas están "claras" en el decreto que hoy ha entrado en vigor, porque se trata de que el empresario lo solicite cuando crea que su situación económica realmente lo justifica y son los juzgados los que tendrán la última palabra, por lo que seguirán ejerciendo la tutela judicial.

Con la reforma laboral, el Ejecutivo ha planteado todas las reformas estructurales previstas, según la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado. En una entrevista en Telecinco, Salgado explicó que "la del sistema financiero terminará este mes" y la de las pensiones "se está discutiendo en el Pacto de Toledo" y se dilucidará después del verano. La anunciada subida de impuestos a las rentas altas se planteará cuando se presente la ley de presupuestos, porque será entonces "cuando se le dirá a los españoles de dónde vamos a obtener los fondos y a qué los vamos a dedicar".

Por otro lado, a las reacciones del miércoles se sumó ayer la banca. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, estimó que la reforma es un avance significativo, pero insuficiente. "Obviamente la reforma laboral es un avance significativo sobre la situación actual, sin lugar a dudas, pero es un avance significativo poco convincente. Parece que el Gobierno no tiene absoluta convicción de que está avanzando en el terreno de la necesidad de la economía española y la sociedad", dijo.