El Gobierno defiende su competencia sobre las cajas ante los recelos nacionalistas

Madrid/El Gobierno recalca que el decreto ley de reforma de las cajas de ahorro se ha dictado de acuerdo a las competencias que la Constitución atribuye al Estado "en materia de legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", frente a los recelos de los grupos nacionalistas del Congreso, especialmente catalanes, que han exigido que se respeten escrupulosamente el poder de decisión de las comunidades autónomas.

Así lo refleja el Ejecutivo en la memoria justificativa que acompaña al decreto, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que especifica que "no se prevé un aumento en los gastos ni los ingresos públicos" como consecuencia de la implantación efectiva de este proyecto, pese a que se permite que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueda "reforzar excepcionalmente" la solvencia de entidades que no se fusionen.

A tres días de que la Cámara Baja vote la convalidación del decreto de reforma de la Ley de Cajas, el Gobierno sólo tiene garantizado el apoyo del PP, su principal interlocutor en la redacción del decreto, pese a los contactos previos a la presentación de la norma que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, mantuvo con CiU y PNV, formaciones que se reservan su posición hasta el último momento.

Es más, tanto CiU como las otras dos formaciones nacionalistas de la Cámara Baja, ERC e ICV, han presentado propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación en las que aluden a la cuestión competencial en materia de cajas, llegando a exigir los republicanos y los ecosocialistas que el Gobierno corrija la norma para evitar la "bancarización" y la "desvinculación" de las entidades de sus territorios de origen. Dichas propuestas se votarán el martes.

Respecto a CiU, fuentes del Grupo Socialista del Congreso señalaron a Europa Press que ven difícil que de apoyo a la norma, tras el precedente que sentó el año pasado la tramitación del decreto que creó el FROB, en cuya negociación la federación catalana participó activamente para, a última hora, acabar votando en contra --junto a PNV, ERC, IU, ICV, BNG, Na-Bai y UPyD-- por considerarlo un ataque a las competencias autonómicas.

"Disfunciones" del modelo

En su escrito, el Gobierno defiende el contenido de la reforma ante la "evidencia" de las "disfunciones" del modelo actual en cuento a las capacidades reales de acceso a capital de la máxima calidad en los momentos difíciles del ciclo económico, y dad la necesidad de profundizar "al máximo" en la mejora de la cualificación de sus gestores.

En este sentido, señala que conviene garantizar la dedicación de los directivos "en beneficio exclusivo de los intereses de la caja y de su función social", exigiéndoles un nivel de conocimientos y experiencias "adecuado" para las funciones que van a desempeñar.

Asimismo, señala que los beneficios de las cajas de ahorro sobre la economía española son "evidentes" por el fomento del ahorro, la capilaridad de su red comercial se ha optado por un modelo que permita a estas entidades mantener su naturaleza jurídica y optar entre diferentes alternativas no excluyentes de capitalización o reestructuración organizativa.

"Efectos positivos" sin cuantificar

El Gobierno recalca que clarificar la regulación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), reformar el marco jurídico de las cajas para abrir distintas alternativas de organización industrial, reforzar sus requerimientos de solvencia y profundizar en la profesionalización de los gestores "no puede sino tener un efecto netamente positivo sobre la economía y sobre la competencia, si bien no los cuantifica.

Así, destaca que al apertura para el acceso a los mercados financieros mediante las cuotas participativas con derechos políticos o los nuevos modelos societarios que incluye el decreto, habrá de beneficiar al conjunto del sector financiero español y la economía productiva "facilitando el flujo del crédito".