El Gobierno alemán se resiste a ofrecer ayudas estatales a Opel
Berlín exige un plan claro que haga plausible las posibilidades de salvar al fabricante de coches y pide que se independice de General Motors para evitar que las ayudas terminen en las arcas de la empresa matriz
El Gobierno alemán se resiste a ofrecer ayudas estatales al fabricante de automóviles Opel tras la reunión que mantuvo este viernes con representantes de esta firma y del consorcio matriz, General Motors.
"Todavía hay muchas cuestiones por aclarar", dijo el ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg, tras la reunión, que terminó, como se esperaba, sin resultados concretos con respecto a una posible fórmula de salvación de la empresa.
Guttenberger aseguró que el Gobierno examinará la situación pero advirtió de ésta es altamente complicada.
Opel quiere ayuda del Gobierno alemán para salir de la crisis en que se encuentra, motivada por varios factores entre los cuales está la mala situación del consorcio matriz.
El Gobierno exige sin embargo un plan claro que haga plausible las posibilidades de salvar a Opel y, además, pide que la empresa se independice de General Motors para evitar que posibles ayudas estatales terminen en las arcas de la empresa matriz.
El plan presentado por Opel antes de la reunión, en el que pedía ayudas por valor de 3.300 millones de marcos, ha sido considerado insuficiente por el Gobierno.
Aclarar la cuestiones pendientes es algo que, según el portavoz del Gobierno Ullrich Wilhelm, puede tardar algunas semanas.
El presidente del comité de empresa de Opel, Klaus Franz, se quejó hoy de que General Motors ha contribuido a aumentar las resistencias de los gobiernos a ofrecer ayudas a sus filiales con sus anuncios de recortes de plantilla.
"Nadie en Europa entiende el caos ni está dispuesto a dedicar dinero del contribuyente a la eliminación de puestos de trabajo", dijo Franz.
Franz exige que General Motors de luz verde a una reestructuración inmediata de Opel/Vauxhall en Europa, dentro de una nueva empresa en la que el consorcio estadounidense sólo podría tener una participación minoritaria.
Entre las fórmulas de solución se ha barajado la posibilidad de que el Estado o los estados federados alemanes en donde Opel tiene fábricas, asuman el control de la empresa.
Sin embargo, dentro del Gobierno hay voces contrarias a esa posibilidad entre las que se cuenta la del ministro de Interior, Wolfgang Schäuble, que, en declaraciones que publica hoy el periódico económico "Handelsblatt", dice que es preferible la declaración de insolvencia a una participación estatal.
En sus declaraciones, Schäuble subrayó que la declaración de insolvencia no debe confundirse con la quiebra sino que puede ser el comienzo de un proceso de salvación del consorcio.
No obstante, el primer ministro del estado de Hesse, Roland Koch, ha presentado -al margen de la reunión celebrada hoy en Berlín- un plan de siete puntos para salvar a Opel en cuyo núcleo está la participación de inversores privados pero que contempla también garantías estatales.
La fórmula de Koch se basa en la fundación de una sociedad anónima para Opel y Vauxhall, también filial de General Motors.
Esa sociedad anónima, en la que General Motors no podría tener una participación superior al 50 por ciento, debería recibir una inyección de capital de entre 3.000 y 5.000 millones de euros para la cual habría que buscar un inversor privado que recibiría una garantía estatal para los primeros cinco años.
La puesta en práctica de esa fórmula, o de cualquier otra, depende sin embargo de que el Gobierno federal se convenza de las posibilidades de supervivencia de Opel, que tiene en Alemania más de 27.000 empleos directos.
Entre la población alemana, la resistencia en contra de ayudas estatales a Opel aumenta.
Según una encuesta de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) el 50 por ciento de los alemanes rechaza posibles ayudas a Opel, el 44 por ciento está a favor de las mismas y un 6 por ciento no tiene opinión al respecto. Entre los votante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, el rechazo es del 53 por ciento.
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