De Guindos defiende los arbitrajes para preferentes por su rapidez y menor coste
Ha destacado que hasta la fecha se han beneficiado del arbitraje 26.000 clientes de NCG y CatalunyaBanc y ha recordado que será el sistema que se implante para Bankia.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido los arbitrajes para los perjudicados por preferentes por su sencillez y porque evitan procesos judiciales largos y costosos, al tiempo que ha destacado los positivos resultados ya registrados en las entidades que los han realizado. De Guindos, que ha asistido al Pleno del Congreso para hacer la defensa del real decreto-ley de protección a inversores minoristas en participaciones preferentes, ha destacado que hasta la fecha se han beneficiado del arbitraje 26.000 clientes de NCG y CatalunyaBanc y ha recordado que será el sistema que se implante para Bankia.
Estos procedimientos, ha explicado, evitan a los clientes perjudicados "un proceso judicial largo y costoso" y contribuirán a que "un porcentaje elevadísimo" de las 300.000 personas afectadas logren una solución. El titular de Economía ha enmarcado la norma aprobada dentro del conjunto de iniciativas puestas en marcha en el último año para proteger a los ahorradores y, tras insistir en que la comercialización irregular de preferentes es un problema "heredado", ha destacado que el actual Gobierno es el primero que ha tomado decisiones para evitar que se repita en el futuro.
El decreto, que ha recibido los votos favorables del PP y CiU -el PNV se ha abstenido y el resto ha votado en contra-, crea una Comisión de Seguimiento que actuará como órgano de control de los arbitrajes. Encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se encargará de determinar quiénes pueden acceder al sistema de arbitraje y de establecer los criterios para extraer de ese colectivo inicial a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero.
Por otro lado, el decreto habilita al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a pagar a los afectados de NCG y CatalunyaBanc por las acciones que reciban a cambio de sus participaciones preferentes, ya que, a diferencia de Bankia, no cotizan y no existe posibilidad de vender en el mercado los títulos. El precio de recompra de las acciones se determinará mediante un informe de un experto independiente que calculará el valor de mercado de los títulos.
En las entidades nacionalizadas, al realizar el canje por acciones, los titulares de preferentes van a sufrir una quita en la cantidad que invirtieron, que será del 38 % en el caso de Bankia, del 61% en CatalunyaBanc y del 43% en NCG. Para cubrir estas cantidades, se ordena una derrama de unos 2.000 millones de euros entre los bancos que se destinarán al FGD.
Durante el debate, los grupos parlamentarios minoritarios han acusado al PSOE y al PP de encubrirse mutuamente en la "estafa masiva" que ha supuesto la comercialización inadecuada de participaciones preferentes, de la que han culpado a ambas formaciones. De hecho, la diputada de UPyD Irene Lozano ha anunciado la presentación de una querella criminal en la Audiencia Nacional contra los distintos responsables de la venta de estos productos financieros.
"Nuestra respuesta a este decreto es una querella criminal que vamos a presentar en los próximos días en la Audiencia Nacional contra todos", ha dicho. El socialista Antonio Hurtado y De Guindos han protagonizado un agrio debate en el que se han reprochado mutuamente la actuación del actual Gobierno y de los anteriores ejecutivos socialistas.
Pedro María Azpiazu, del PNV, ha señalado que real decreto no va a ayudar al crédito", mientras CiU ha respaldado el texto porque el Gobierno ha incluido entre los futuros beneficiarios del procedimiento de arbitraje de Bankia a los afectados de Caixa Laietana, fusionada con la primera. En el transcurso de la sesión, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha expulsado del hemiciclo una veintena de afectados después de que increparan y profirieran insultos contra los diputados del PP.
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