Vieja Rumasa, un sueño roto

El 23 de febrero de 1983, el gobierno socialista sorprendió a los españoles con el anuncio de la expropiación de Rumasa, el primer gran escándalo económico-financiero de la democracia española. Caía así el principal holding empresarial de España, levantado por José María Ruiz-Mateos, en una decisión que se justificó en razones de utilidad pública e interés social tras detectarse un agujero patrimonial de más de 100.000 millones de pesetas (600 millones de euros).

Con el conocido como decreto Boyer -que toma su nombre del entonces ministro de Hacienda, Miguel Boyer- comenzó el calvario del empresario jerezano, muy deteriorado en los últimos años, en los que a sus problemas de salud por su avanzada edad -el pasado mes de abril cumplió 84 años- se unieron otros muchos reveses, como sus nuevos ingresos en prisión y los de algunos de sus hijos, la venta de Nueva Rumasa o su paso por muchos de los tribunales en los que hay infinidad de causas pendientes, las principales, por la presunta estafa en la emisión de pagarés del segundo entramado empresarial de los Ruiz-Mateos.

En el momento de la expropiación, la 'vieja' Rumasa la constituían más de 700 sociedades con una facturación anual que rondaba los 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) y un patrimonio neto de 630.000 millones de pesetas (más de 370 millones de euros). El grupo contaba además con una plantilla de unas 60.000 personas, lejos de las 100.000 que se había fijado Ruiz-Mateos como objetivo último en una absurda pretensión de dar empleo a tanta gente como la población que por entonces tenía la ciudad de Jerez.

Rumasa fue creada en 1961 y década y media después, sus tentáculos se extendían por todos los sectores empresariales: banca y seguros, bodegas, hostelería, grandes almacenes... Fue la firma del contrato con Harvey como suministrador en exclusiva de vino para la firma inglesa la que despertó la ambición sin límites de Ruiz-Mateos. Sin el 'Acuerdo de los cien años', llamado así por su duración, la historia de Rumasa y de Jerez se habría escrito de forma muy distinta, pero alentado por el contrato de suministro, el patriarca de los Ruiz-Mateos comenzó a visitar bancos para la búsqueda de financiación y se lanzó a la compra de bodegas y propiedades.

Las grandes bodegas de Jerez recelaban de la rápida progresión de 'El niñato de Rota', como era conocido, que no se amilanó cuando en 1965, los nuevos propietarios de Harveys decidieron romper el acuerdo de suministro de Harveys.

José María Ruiz-Mateos prosiguió con la compra frenética de toda bodega y empresa que se le pusiera a tiro. Jerez y la actividad bodeguera se le quedaron pronto pequeños para sus altas aspiraciones, por lo que decidió trasladarse a Madrid para ampliar y diversificar sus negocios, con miras a dar el salto a Londres y, finalmente, Nueva York. Hasta mediados de los ochenta, el grupo creció sin parar para convertirse en el holding empresarial privado más importante de España. Y su símbolo, la abeja en el panal, casaba a la perfección con el entramado empresarial y los vínculos que se entablaban entre las distintas sociedades del grupo.

Las irregularidades comenzaron a aparecer a partir de 1975 y ya por entonces, el Banco de España advirtió del peligro de la alta concentración de riesgos de las entidades bancarias que financiaban al resto de empresas del grupo. Desde 1978, los Ruiz- Mateos acumulaban incumplimientos en las auditorías externas de sus bancos y principales sociedades, y la ocultación de información y la alteración de la misma fueron las causas que precipitaron la expropiación años más tarde.

El ministro Boyer había advertido días antes que enviaría a los inspectores de la autoridad monetaria por los reiterados incumplimientos. Tras la publicación del decreto del 23-F, la Policía Nacional procedió a la intervención pública de la sede central de Rumasa mientras el empresario preparaba su salida del país, quien tras su paso por Londres recaló finalmente en Alemanía, donde en 1984 fue detenido en el aeropuerto de Francfort para su extradición meses después a España.

La inspección confirmó la existencia de una doble contabilidad y del importante agujero patrimonial de la sociedad, si bien Ruiz-Mateos puso a buen reguardo importantes recursos monetarios con los que años más tarde emprendió la última de sus aventuras empresariales, la de Nueva Rumasa, que tampoco tuvo un final feliz.

En 1983, el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez a favor de la expropiación, lo que dio pie a la privatización de las sociedades intervenidas. A partir de ahí comenzó un duro enfrentamiento en los tribunales que llegó a su fin en 1997 con la absolución de José María Ruíz-Mateos.