Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
El pasado marzo de 2022, como consecuencia de la incertidumbre provocada por la guerra en el este de Europa, que en ese momento apenas había comenzado, el Gobierno diseñó un Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Se busca con eso reducir el impacto del conflicto en la economía española, protegiendo el empleo de los diversos sectores implicados.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tiene una serie de ayudas previstas para el sector primario, de las que 50 millones de euros irán destinados a pesca y acuicultura.
Los primeros tienen asignados unas ayudas de hasta 29,7 millones, mientras que la acuicultura contará con una subvención que se acerca a los 19,8 millones de euros. Se espera que en septiembre salga la orden que regule la concesión de las ayudas, otorgadas por orden de presentación.
Aquellos pescadores que consigan las ayudas podrán obtener hasta un 8% de lo que hayan pagado por elementos como cebo, sal, comida y bebida o el gas. La compensación de aparejos y envases podrá llegar hasta el 11% y el 15%, respectivamente.
Las entidades dedicadas a la acuicultura, podrán optar a que las ayudas cubran hasta 50.000 euros, un 22% de lo invertido en alimentos y un 14% por el oxígeno usado en las granjas.
Las ayudas también estarán disponibles para cubrir lo que se pagó por combustible para el transporte de las mercancías. Para ello es necesario incluir las facturas de lo que pagaron por el carburante entre los días 24 de febrero y 30 de junio de este año y de los dos anteriores. Se debe acreditar junto al informe de un auditor.
En la región andaluza más de 20.000 familias dependen de la pesca para subsistir, motivo por el que el pasado marzo la Junta de Andalucía adelantó la llegada de ayudas para poder frenar el impacto de las paradas temporales (necesarias, por otra parte, para el descanso de los caladeros y recuperar su rendimiento) y del aumento del coste de los carburantes. Junto a esto, se permitió a los pescadores de la región no tener que abonar la tasas portuarias y pesqueras durante 3 meses.
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