Sobre la bondad y la maldad de los gobernantes

Hubo un tiempo en que se pensaba que el hombre era intrínsecamente bueno y que los reyes (príncipes y nobles) eran la personificación, por voluntad divina, de la bondad. Maquiavelo primero y luego Hobbes se encargaron de desmontarlo. El italiano sostuvo en El Príncipe (1513) que las únicas guías de los gobernantes son sus propios intereses y la conservación del poder. Observando la realidad (no entra en lo que debe hacer el príncipe, sino en lo que hace) concluye que en la moral del gobernante el fin justifica los medios, lo que significa que todo está justificado en la lucha por el poder, incluso principios éticos antagónicos, siempre que resulten efectivos.

Hobbes levanta su Leviatán (1651) a partir de Maquiavelo y establece que la guía del comportamiento humano está en su naturaleza. Son las pasiones las que determinan las preferencias, hasta llegar a condicionar la razón y el pensamiento. En este punto, la bondad intrínseca de la naturaleza humana se ha transformado definitivamente en maldad (el bueno que pretenda sobrevivir rodeado de malos está condenado al fracaso). El bienestar material y el del alma explican la valoración de los bienes según su utilidad y la vanidad del individuo y no hay restricciones morales para acceder a ellos. Las cosas son de quien consiga conservarlas y predisponen al individuo a una lucha permanente en la que puede perderse todo, incluso la vida.

El estado surge del pacto por el que el individuo le cede una parte de su poder a cambio de seguridad. Instituciones como el derecho de propiedad o la justicia nacen de este pacto, estrechamente ligados a la idea del bien común como fenómeno consustancial a la existencia del estado. El utilitarismo de Maquiavelo y Hobbes (lo útil se justifica incluso si es inmoral) ayuda a entender el papel del estado, inicialmente absolutista, y la progresiva adopción de funciones de bienestar y protección. De ambos surge un nuevo concepto de estado proveedor. Su función es corregir las desigualdades que provoca el capitalismo y alimenta la controversia entre libertad e igualdad, que debe resolver el enigma de los límites a la intromisión del estado en el espacio individual de libertad.

La nueva Ley de Seguridad Nacional prevé la posibilidad de imponer la realización de prestaciones personales a los ciudadanos, requisar sus bienes e incluso intervenir en los medios de comunicación. Hay una lógica. El pacto entre el estado y el individuo supone que este se declara incapaz de afrontar con garantías situaciones complejas, como una crisis pandémica, y deja la responsabilidad en manos del primero que, a cambio, confisca nuevas parcelas de poder, es decir, de libertad personal. Supuestamente se trata de una confiscación temporal y motivada, por lo que no habría nada que objetar, si no fuese porque es el gobernante quien ser reserva la capacidad de justificarla, porque el cerco sobre las instituciones no deja de estrecharse y, sobre todo, porque el reciente conflicto de prevalencia entre la justicia y la concordia, a raíz de los indultos, viene a recordar que el utilitarismo de Maquiavelo y Hobbes sigue estando vigente cuatro siglos después.