Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
El Estado registró a cierre del mes de abril un déficit equivalente al 2,38% del PIB en términos de contabilidad nacional, 25.007 millones de euros, lo que supone un 1% más que el registrado en el mismo periodo de 2012. Según los datos de contabilidad nacional difundidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de caja, que registra ingresos y los pagos cuando efectivamente se han realizado, el déficit llegó en abril a 17.404 millones, el 1,66% del PIB, lo que supone un incremento del 89,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Hacienda explica que este aumento se debe al alza del 10,6% en los gastos financieros, hasta 12.591 millones; del 49% en las transferencias a la Seguridad Social y del 44,2% a los organismos autónomos, fundamentalmente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Los ingresos netos no financieros, una vez descontada la participación de las administraciones territoriales en los ingresos del Estado, disminuyeron un 11,1 % respecto a abril de 2012 con un importe de 40.648 millones.
Los pagos no financieros alcanzaron la cifra de 58.052 millones, lo que supone un aumento del 5,7%. La recaudación del Estado por impuestos directos, registró una caída del 11,5%, con un descenso del 5,3% en el IRPF y del 37,1% en el impuesto sobre sociedades. Por impuestos indirectos, el Estado obtuvo 14.125 millones, el 13,1% menos, con una caída del 4,7% en el IVA y del 2,7% en los impuestos especiales. Los gastos de personal, 7.965 millones, disminuyeron el 1,1%, con un descenso del 6,4% de los sueldos y salarios debido, sobre todo, a la limitación en la sustitución de efectivos.
Hasta finales de abril, la necesidad de endeudamiento del Estado fue de 33.271 millones, debido a un déficit de caja de 17.404 millones y al aumento de los activos financieros netos de 15.867 millones. En todo el año, según las últimas previsiones macroeconómicas del Gobierno, el déficit de la administración central del Estado debería ascender al 3,7% del PIB (el de la Seguridad Social al 1,4 %, el de las CCAA al 1,2% y el de las corporaciones locales a cero) para conseguir un objetivo conjunto del 6,3% del PIB.
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