Los embargos por impago empiezan a acumularse en los juzgados andaluces

Los bajos tipos de interés y el boom inmobiliario han alimentado durante los últimos años el endeudamiento de las familias que, deslumbradas por los créditos baratos y la rápida revalorización de la vivienda, no han dudado en recurrir a los préstamos para cubrir determinadas necesidades (y caprichos) o comprar una casa que al cabo de un tiempo pudieran vender por el doble de lo que la adquirieron. Ahora la coyuntura es diferente: los tipos han subido, el Euríbor -principal índice de referencia hipotecaria- también y el boom inmobiliario toca a su fin. Y todo ello en medio de una desaceleración económica, condimentada con inflación, moderación salarial, una menor capacidad del mercado laboral para generar empleo y una crisis financiera que ha endurecido las condiciones de acceso a los créditos.

Los hogares han inaugurado esta etapa con el agua al cuello, y así lo reflejan tanto las estadísticas de impagos y morosidad como la propia actividad de los juzgados en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias. "El gran drama de todo esto es que las familias han estado viviendo por encima de sus posibilidades. No es recomendable que el endeudamiento de un particular sobrepase el 30 por ciento de su renta bruta disponible, y en algunas de las grandes capitales de España esa tasa está ya en el 70 por ciento", explica Pere Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología.

Brachfield sostiene que lo último que las familias dejan de pagar es la hipoteca de su casa, de modo que "en el momento en el que la morosidad comience a repuntar en ese ámbito, habrá que empezar a temerse lo peor". Precisamente, eso es lo que se está detectando en los juzgados andaluces. Según los datos recabados en los Servicios Comunes de los Decanatos de las diferentes capitales de la región, los procedimientos de embargo tramitados durante 2007 estaban relacionados, fundamentalmente, con créditos al consumo, pero las ejecuciones hipotecarias comienzan a aflorar.

En Sevilla, por ejemplo, las diligencias en comisión sumaron el año pasado 9.730, cifra que para Málaga fue de 3.982; para Jaén, de 1.500, y para Huelva, de 966. Entre el 80 y el 90 por ciento de esas diligencias fueron embargos. El crecimiento de estos procedimientos respecto a 2006 no resultó excesivo, pero las fuentes consultadas en los Servicios Comunes coinciden en que será durante el presente año cuando se note el tirón en los embargos y, sobre todo, en las ejecuciones hipotecarias -con la subasta de viviendas que ello conlleva-. De hecho, reconocen que el trabajo ya se acumula en sus oficinas. Entre las cifras de 2007, destaca la evolución de las ejecuciones hipotecarias en la capital gaditana, donde repuntaron más de un 54 por ciento.

A juicio de Brachfield, 2008 será "un año muy malo en términos de morosidad" y, aunque "es posible que no lleguemos a tasas como las de la crisis de 1993 -del 7 por ciento-, subirá". De acuerdo con los datos del Banco de España, el ratio de morosidad de nuestro sistema financiero estaba en noviembre (última cifra disponible) en el 0,91 por ciento -el más elevado desde 2003-, con créditos de dudoso cobro por valor de 15.895 millones de euros, un 46 por ciento más que un año antes.

Justo en ese mes, y según las estadísticas del INE, el importe de los recibos impagados se disparó un 65 por ciento en Andalucía -a nivel nacional creció la mitad-, hasta rozar los 186 millones. Esa evolución colocó a la comunidad como la segunda con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos (un 4,9 por ciento).

Desde un conocido despacho de abogados de Sevilla señalan que la banca está "realmente preocupada" con este escenario -más crudo en la costa que en el interior- y que algunas de las entidades con las que trabajan hablan de una situación "espeluznante" para 2008 y 2009. Por este motivo, están recurriendo a una práctica habitual (y legal) en momentos de crisis: vender a terceros las hipotecas de sus clientes que sean de dudoso cobro y estén en contencioso. El comprador la adquiere por un importe algo inferior al capital que quede por amortizar y, si el titular de la hipoteca deja de pagarla, se queda con la vivienda. Con este mecanismo, el banco adelanta el cobro del préstamo y se ahorra el tortuoso proceso judicial de embargo y subasta de la casa, que puede llegar a costarle en torno al 20 por ciento de lo que se le adeude.