El espejismo de los molinos en el mar

"La eólica marina es el último término. Ya no es nuestra preocupación y está claro que tampoco es la preocupación de Industria", sentenció Rafael Valenzuela, director general de Capital Energy, en la mesa redonda sobre renovables organizada hace unos días en Vejer (Cádiz). Asintieron los participantes. Eran empresarios y expertos de primer nivel. Todos coinciden en que el desarrollo del sector ha quedado postergado sine die en España después de una década de debate y de expectativas incumplidas. La eólica marina se diluye antes de su puesta en marcha sin el apoyo del Gobierno, sin consenso social para su desarrollo y ante el rotundo aburrimiento de los promotores.

El presidente de Aprean -Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables-, Mariano Barroso, aconseja a las empresas que abandonen el debate estéril del off-shore [en el mar]. Sostiene que "no es su momento", y vaticina que no lo será -si llega a serlo- hasta dentro "de cinco años o más". 2012, 2016, 2020... El horizonte es cada vez más lejano y todas las explicaciones apuntan como primera causa la débil apuesta estatal por esta energía verde.

Pese a que los primeros proyectos de off-shore en las costas de la Península se presentaron a finales de los noventa, España sigue sin contar hoy con un marco jurídico para el sector. "Simplemente no existe normativa", asevera Alberto Yarte, delegado de Iberdrola en Andalucía. Los pasos que se han dado hacia la regulación han sido tan escasos como lentos.

En 2007, la Administración aprobó un Real Decreto (1028/2007) que enumeró los procesos administrativos que tienen que superar los proyectos. El documento estaba acompañado de la Evaluación Ambiental Estratégica del Litoral para la instalación de parques, que, entre otras condiciones, descartó los aerogeneradores a menos de 8 kilómetros de distancia de la costa y clasificó las zonas no aptas, aptas, y aptas pero con condicionantes para la explotación del recurso eólico.

Sobre el papel, hay un camino trazado, pero sólo sobre el papel. La realidad evidencia la paralización del sector. Tras la Evaluación, Industria ha recibido una treintena de planes de empresas, a las que debe asignar espacios para que estudien sus condiciones. Este concurso debería estar resuelto, pero los plazos se han vuelto a rebasar.

Fuentes de una de las compañías que participan en la concurrencia resumen la situación: "Llevamos a Madrid nuestro proyecto en un carro de mano hace muchos meses, miles de folios... No hemos recibido ningún tipo de señal". Hay planes, como el de Acciona en Trafalgar (Cádiz), que están en el cajón del Gobierno desde mediados de la década, mucho antes de los primeros movimientos reguladores.

Cuando se resuelva la asignación de "parcelas" marinas, cada compañía tendrá un plazo de dos años para estudiar a fondo las características del viento y determinar la viabilidad de su plan, decidir si hay negocio. Después, hay otro plazo establecido de dos años para completar la evaluación ambiental del parque y lograr otras autorizaciones administrativas. Para finalizar el periplo, las empresas tendrán que dedicar otros dos años a la construcción de cada parque, proyectos de compleja ingeniería.

Ésta es la hoja de ruta marcada por el Gobierno, seis años de peaje mínimo. La esbozó en 2009 el jefe del área de producción especial de Industria, Santiago Caravantes, en unas jornadas en Madrid. Pero los plazos, tras años de incumplimientos, carecen de crédito.

En las mismas jornadas, el ya ex secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, subrayó que la energía off-shore es una "prioridad en la agenda política del Gobierno", además de una necesidad para alcanzar el objetivo del 20-20 (el 20% del total de la generación de 2020, basada en renovables). De nuevo, son palabras que se ha llevado el viento, con la crisis arreciando y un problema de envergadura añadido: el sector de las renovables está completamente paralizado a la espera de que se reajuste el sistema de primas -la nueva regulación, que también se retrasa, rebajará los incentivos a las eólicas un 35% hasta 2013-.

Industria, dedicada a otros afanes, ha aparcado la eólica marina, una tecnología que arrastra como problema añadido la falta de consenso social para su instalación. "La energía off-shore se ha explicado mal y se ha entendido mal. La situación se ha llevado a un debate irracional. Se impone la manipulación sobre cualquier razonamiento", lamenta Mariano Barroso.

Hay ejemplos de movimientos de oposición al off-shore en la comarca gaditana de La Janda y, más recientemente, en Chipiona. Yarte, de Iberdrola, está convencido de que "son proyectos que tendrán que implicar a los agentes sociales, a municipios, empresas y administraciones", y vaticina que "si hay controversia, será difícil afrontar cualquier desarrollo". El presidente de la patronal, no obstante, cree que no está todo dicho y recuerda el caso de la conexión eléctrica entre Tarifa y África de 1998: "El cable iba a acabar con la pesca. Es lo que transmitieron algunos colectivos a la población. Ahora hay dos y va a haber otros dos, y seguimos comiendo magníficos pescados..."

Comparte el análisis sobre el bloqueo que sufre el sector Juan Manuel Barragán, catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. El profesor sostiene que cualquier decisión de la Administración sobre eólica marina es "conflictiva", pero añade que el paso de los años y la indecisión mostrada hasta ahora no hacen sino "consolidar" a los grupos opositores. "La Administración es cautelosa, tiene que serlo, pero el exceso de cautela lo único que hará es que lleguemos tarde. ¿Nos interesa o no nos interesa el sector? Hay que preguntárselo y después habrá que atenerse a las consecuencias".

La respuesta del Gobierno es una incierta huida hacia adelante. El futuro de esta energía en España, según apunta ya públicamente Industria, está en las plataformas flotantes, ingenios que no requieren cimentación en el fondo. La solución permitiría salvar el problema del escaso tamaño de la plataforma continental en la Península, factor que hace que sus costas sean profundas y dificulta la explotación off-shore. Si los molinos flotasen, podrían ubicarse en emplazamientos alejados del litoral y reducir su impacto en las poblaciones.

La solución sería perfecta salvo por un handicap: la tecnología flotante es todavía una promesa tecnológica, incipiente y cara (el primer prototipo instalado en Noruega costó 45 millones, nueve veces más que la inversión estimada para una turbina marina de su potencia). Expertos creen que pasará al menos un decenio para que se generalice la explotación comercial de los aerogeneradores flotantes.

Con los pies en la tierra -y con anclajes en el fondo- trabajan países como Reino Unido (882 megavatios instalados), Dinamarca (639) y Holanda (246). Las empresas españolas se posicionan en la cadena de valor del off-shore en el norte de Europa. Es el caso de Iberdrola. "El que no tiene un pie fuera del país, lo está poniendo ahora", observa el presidente de Aprean. Europa suma ya 2.000 megavatios de potencia instalada y aspira a alcanzar los 40.000 en 2020. Qué hará España con su cupo previsto de 3.000 megavatios es, hasta ahora, una incógnita.