Un legado en los juzgados

El pasado 18 de junio José María Ruiz-Mateos, sólo dos meses antes de ingresar en el centro hospitalario de El Puerto para ya no volver a salir, entraba por las puertas de la cárcel de Soto del Real para cumplir un requerimiento de un juzgado de Valladolid por un fraude fiscal de ocho millones de euros.

A los pocos días, otro juez decretaba su libertad y consideraba al octogenario empresario como inimputable. Acababa de esa manera, pocos meses antes de su muerte, un calvario de procesos judiciales y de órdenes de ingreso en prisión. Las causas contra Ruiz-Mateos por alzamiento de bienes, fraude fiscal o estafa son innumerables, tantas como la fragmentación de sus empresas, como las celdas de sus colmenas. Desde el día de ayer esta responsabilidad penal, imposible de cuantificar en euros por su dispersión, queda extinguida. Pero su legado judicial está muy lejos de acabar.

Nueva Rumasa, cuyo origen se remonta a principios de los 90, estuvo gestionada directamente por el patriarca, pero bajo ese mando férreo Ruiz-Mateos situó como directores y administradores de cada una de las empresas que iba adquiriendo a sus seis hijos varones. Todos ellos, salvo el primogénito, Zoilo, tienen numerosas causas con la Justica, casi todas ellas por delitos fiscales. Dos de ellos, Álvaro y Javier, han pisado la cárcel tras ser condenados por la Audiencia de Granada. Otros dos , Pablo y Alfonso, se enfrentan también a peticiones de cárcel por parte de la fiscalía. Y es sólo una pequeña parte del centenar de causas por delito fiscal que tienen que dirimirse, si bien, hasta ahora, han conseguido salir absueltos de la mayor parte de los casos. Sin ir más lejos, un presunto delito fiscal que afectaba a toda la familia, el conocido como caso Rayo Vallecano, terminó sin ningún tipo de condenas para los imputados. Pero son tantos, aseguran fuentes jurídicas, que en alguno de ellos acabarán cayendo.

El desprecio que Ruiz-Mateos mantuvo durante toda su vida a la hacienda pública ha acabado por convertirse en una herencia envenenada para su familia. Durante muchos años Rumasa y Nueva Rumasa eludieron el fisco, pero después de ser absuelto por lo principal del caso Rumasa en 1997, admitiendo de algún modo el Estado su responsabilidad en la expropiación, el fundador de la colmena siguió una política que empezó a dar la cara con el inicio de la crisis y con el declive del nuevo holding. ¿Cómo pudo crecer este conglomerado empresarial durante tanto tiempo eludiendo permanentemente al fisco? Eran cosas que pasaban en nuestro país.

Pero este interminable listado de causas, que van a acarrerar a sus hijos serios problemas con la Justicia, pese a que en su defensa en los tribunales se esgrima que era José María padre el que marcaba el proceder, es poca cosa en comparación con la macrocausa. La macrocausa son los pagarés y está centralizado en la Audiencia Nacional y cuenta con decenas de imputados. Es la prinipal instrucción que ha dejado abierta el juez Ruz y que ha sido heredada por el gaditano José de la Mata, que será el encargado de ordenar este auténtico rompecabezas.

Los juristas que conocen el caso afirman que lo que podría ser considerado una presunta estafa piramidal en la que miles de inversores perdieron todo su dinero camina muy lenta y pasarán años antes de que llegue el juicio y las condenas, si las hubiera.

Aquí no sólo se persigue la actuación de los hijos, sino de decenas de directivos, colaboradores e incluso algunos perjudicados por esos mismo pagarés. Un asunto complejo pese a que se sirvió de la máxima publicidad -una enorma campaña en los medios de comunicación- para atraer las cantidades que acabaron volatilizándose. El dinero global entregado a los Ruiz-Mateos por más de 5.000 inversores en estos pagarés es de 550 millones, si bien algunas de estas cantidades fueron devueltas. El juez Ruz tomó declaración a toda la familia y, desde entonces, poco se conoce del estado en el que se encuentra el caso pese a la presión de los idignados inversores que se han unido en torno a asociaciones para intentar recuperar algo del dinero entregado. De una de estas asociaciones, integrada por 63 inversores, nació el sumario que, en su instrucción, ya dejó claro que el Estado no podía ser responsable subsidiario de estas pérdidas.

"Estamos tranquilos porque hemos obrado con absoluta buena fe. Que las cosas no hayan salido como planeamos no significa que hayamos intentado engañar o estafar a nadie", dijo José María Ruiz-Mateos hijo tras declarar ante Ruz.