El sueldo mínimo de los funcionarios estatales será de 1.071 euros al mes
El Gobierno elevará la remuneración en 30 euros al mes a 40.000 trabajadores
El cuarto convenio del personal laboral en la Administración del Estado fijará un salario mínimo de 1.071,4 euros mensuales (los sindicatos reclamaban 1.200 euros), así como la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2021, según ha informado ayer el sindicato CSIF.
El convenio, que se firmará previsiblemente el próximo lunes y que lleva negociándose más de tres años, afecta a unos 40.000 trabajadores, que verán incrementado su salario en una media de 30 euros, que será adicional al aumento retributivo de los dos últimos años.
El convenio también contempla garantías para que no se produzcan diferencias retributivas entre colectivos hasta el momento equivalentes; un nuevo sistema de movilidad con concursos permanentes de traslados, y el cambio de régimen jurídico de personal laboral a funcionario para trabajadores que realizan funciones administrativas reservadas a estos últimos.
Este cambio de régimen se realizará con garantías para mantener las retribuciones y el ámbito geográfico y CSIF calcula que, en virtud de este proceso, unas 8.000 personas podrán pasar del régimen de personal laboral al de funcionario.
CSIF, que calificó el texto de convenio como “bueno” al incluirse cuestiones que consideraba importantes, destacó también que habrá una nueva clasificación profesional adaptada al sistema educativo actual.
Las elecciones aceleran el acuerdo
El convenio incorpora además la determinación de las funciones de cada trabajador mediante la especialidad; el compromiso de la Administración de limitar las contrataciones fuera de convenio a aquellas funciones que no existan dentro del mismo; movilidad y excedencias bajo condiciones especiales por conciliación, violencia de género o por ser víctima de terrorismo y el desbloqueo de la vía judicial para la solicitud de los nuevos complementos.
CSIF celebra que se vaya a firmar el convenio antes de las elecciones generales y el cese del Gobierno, porque lo contrario habría conllevado un nuevo retraso en su puesta en marcha.
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