Andalucía deberá rebajar el déficit al 1,58% en 2013, cuatro décimas menos

La Junta esperaba esencialmente dos cosas tras la cumbre Estado-CCAA celebrada ayer en Madrid en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una era arrancar del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, suficiente flexibilidad en los objetivos de déficit público para 2013. La otra, no padecer agravios comparativos en relación con las demás regiones incumplidoras. Ambas metas se alcanzaron. Andalucía deberá cerrar el presente ejercicio con un desfase del 1,58% frente al 2,04% de 2012. Es exactamente el mismo margen concedido a Cataluña (1,96% el año pasado). Y es un listón menos exigente que el impuesto con carácter general a las CCAA (1,3%). El problema -y ya se contaba con ello- está ahora en resolver el sudoku de los Presupuestos de 2014, con la espada de IU y sus políticas sociales en un extremo, y la pared de la austeridad impuesta desde Madrid vía Bruselas vía Berlín en el otro. ¿El motivo? El objetivo de déficit para el próximo año será del 1% para las autonomías y esta vez sin trato diferenciado. La consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, se opuso a esta decisión del Gobierno y al "desigual" reparto del esfuerzo entre la Administración estatal y las CCAA.

La consejera recordó que existe una "importante asimetría en la asignación de recursos del modelo de financiación". El déficit es un equilibrio entre ingresos y gastos y "hay un importante desequilibrio" en los ingresos, añadió. Andalucía entiende que, además, hay un segundo motivo que justifica la petición de un objetivo individualizado para 2014. "El déficit tiene que fijarse en relación a la población porque sirve para financiar servicios, pero como se hace en relación con el PIB produce que aquellas comunidades que tienen un PIB más alto reciban por habitante hasta un 80% más de recursos que las que tenemos un nivel de riqueza más bajo", subrayó. "Esto es absolutamente desigualitario, porque todos tenemos que tener los mismos servicios y una financiación razonablemente equivalente", sostuvo la consejera.

El listón del 1,58% entraba dentro de los cálculos del Ejecutivo andaluz. Aunque se trata de "un objetivo exigente, no supone ningún tipo de ajuste adicional sino continuar con la senda de las reformas ya iniciadas", aclaró. La Junta estaba también obligada, como región incumplidora, a presentar un plan económico-financiero que debía contar forzosamente con el visto bueno del Gobierno para activar los mecanismos de financiación (esa especie de rescate light al que se vieron igualmente abocadas Cataluña, Murcia, Baleares y Valencia). Montoro dio el visto bueno al bastidor del plan pero no reconoció algunos ingresos proyectados por la Junta. El balance tras el CPFF es positivo para la Junta, cuya deuda podrá alcanzar el 16,6% del PIB en 2013, el 17,7% en 2014 y el 18,4% en 2015 y 2016.

Montoro trató de mostrarse conciliador a la salida de la cita, que se preveía espinosa y efectivamente lo fue porque unos (Cataluña) esperaban más margen de maniobra mientras otros (Madrid, Extremadura) se oponían al premiar a las cinco CCAA que no alcanzaron el 1,5% fijado para 2012. El ministro pidió "colaboración" a los implicados, les sugirió "no fijarse en lo que hace la vecina", y consideró que las cuentas regionales han dejado de ser un factor de incertidumbre para los mercados. "No se están decidiendo objetivos en función de las necesidades políticas de nadie, sino en las de España", zanjó.

Valencia (1,6%) y Murcia (1,59%) fueron las CCAA mejor tratadas a pesar de que el esfuerzo por cuadrar las cuentas será en su caso brutal al venir de un déficit sensiblemente superior al promedio nacional. Cataluña estará en el mismo plano que Andalucía (1,58%); Baleares recortará hasta el 1,47%; Madrid repetirá el 1,07% registrado el pasado ejercicio; y Extremadura será la única que goce de tres décimas más de maniobra al pasar del 0,7% de 2012 al 1%.

Conforme a la hoja de ruta pactada con Bruselas, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas han de clausurar 2013 con un déficit del 6,5%. El Estado se reserva el 3,8% del total (porcentaje que alcanzaba ya a cierre de junio); las CCAA el 1,3% y la Seguridad Social un 1,4%.