Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
El ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha recurrido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las medidas cautelares que le impuso el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, tras tomarle declaración, que comprenden la retirada del pasaporte, la comparecencia cada 15 días en esta sede judicial y la prohibición de salir del territorio nacional, informaron fuentes jurídicas.
Los abogados de Bárcenas, Manuel Bajo y Alfonso Trallero, han obviado presentar recurso de reforma ante el juez instructor y han solicitado la revocación del auto que Ruz dictó el pasado 25 de febrero directamente a la Sección Cuarta, la misma que en marzo de 2012 ordenó reabrir la causa contra el ex tesorero popular.
En su recurso de apelación ante este tribunal, que preside la magistrada Ángela Murillo, la defensa de Bárcenas rechaza los argumentos esgrimidos en su auto por el juez, quien señaló que el extesorero quería eludir la acción de la Justicia debido al "relevante" patrimonio que acumula en el extranjero, las manifestaciones vertidas por el imputado y la "frecuencia" con la que "viene desplazándose fuera de España".
El magistrado, que considera "proporcional, necesaria, idónea y suficientemente justificada" la batería de medidas acordada, repasaba en su auto los "múltiples indicios" que existen de que Bárcenas cometió delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales.
También recordaba el informe de la Unidad de Delincuencia y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que detalla que Bárcenas constituyó "una estructura societaria en el extranjero" que habría permitido "la ocultación y titularidad real de su patrimonio" a través de la Fundación Sinaquanon, fundada en Panamá en 2005, la sociedad Impala Limited de Bermudas y la compañía Tesedul, radicada en Uruguay.
Para ello, habría utilizado a Iván Yáñez y le habría dado poderes para que procediera a la apertura de cuentas bancarias en los bancos suizos Dresdner Bank y Lombard Odier y, a partir del 10 de agosto de 2012, para llevar a cabo la administración, disposición y afectación de sus bienes.
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