Correa toma la palabra

El empresario Francisco Correa, presunto cabecilla de la red Gürtel, prestará declaración hoy ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acusado junto a otras 36 personas, de las actividades que realizó entre los años 1999 y 2005, utilizando sus contactos políticos, en las comunidades de Madrid y Castilla y León y en los ayuntamientos de Estepona, Majadahonda, Pozuelo y Madrid. Tras diversos gestos de buena voluntad, Correa desvelará hoy si finalmente colabora con la Fiscalía y reconoce su responsabilidad en la trama.

El interrogatorio de Correa será, previsiblemente, después de que el pasado martes los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo y el ex concejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández reconociesen los hechos de los que se les acusan. La Fiscalía solicitó que respondiesen a las preguntas de las partes en primer lugar, algo que el tribunal aceptó para "un mejor esclarecimiento de los hechos".

Anticorrupción pide 125 años y un mes por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.

Sin embargo, Correa, con el ánimo de reducir la pena que le pueda ser impuesta, el pasado 26 de septiembre solicitó al tribunal que le juzga poder acceder a una de las cuentas que tiene en Suiza para pagar más de dos millones de euros como "reparación del daño reclamado" y hacer así efectivo el pago de la cuantía que le exige la Fiscalía Anticorrupción como responsabilidad civil.

En esta línea, tampoco se sumó a la petición formulada por el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado número dos de la Gürtel de recusar a uno de los miembros del tribunal, el juez José Ricardo de Prada, como sí hicieron otros acusados. Además, Correa renunció a plantear cuestiones previas como gesto de buena voluntad, aunque negó que haya negociado con las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás una rebaja de su pena.

Según asegura la Anticorrupción, Correa lideró desde 1999 un entramado empresarial y "personal" con la intención de enriquecerse con cargo a los fondos públicos. Contando con un grupo vertebrado en torno a él "contó con la esencial colaboración de cargos públicos" a los que compensaba con pagos y regalos en especie. Este conjunto era el denominado Grupo Correa, formado por él y otras cinco personas: Crespo, el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de La Moncloa Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez.

El objetivo era obtener contratos públicos tanto para sus empresas como para otras de terceros, a cambio, esto último de la correspondiente comisión. Funcionaban -asegura el Ministerio Público- mediante sobornos a funcionarios y autoridades, la creación de facturas falsas y entramados societarios para ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos.