Editorial: Un debate con propuestas

EL enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición marcó, como era lógico, el primer Debate sobre el estado de la Nación al que se somete Mariano Rajoy, a los catorce meses de su investidura. Pareció un diálogo de sordos, con un Rajoy enrocado en la defensa de su política económica de ajuste duro y la deslegitimación de su oponente por su destacada pertenencia a los gobiernos socialistas que erraron desde el inicio de la crisis y un Rubalcaba descalificando al Ejecutivo por la corrupción y los efectos sociales negativos de sus recetas. No obstante, ambos fueron capaces de formular propuestas para la regeneración de un sistema decididamente averiado que si la hostilidad no estropea harían posible un escenario de consensos parciales que el país necesita con carácter urgente. Por parte de Rajoy hay que destacar la oferta de reformas legales contra la corrupción, como la ley de control financiero de los partidos políticos, la inclusión en la ley de transparencia de las organizaciones sindicales y patronales y todas las entidades financiadas con fondos públicos, el reforzamiento del Tribunal de Cuentas y la auditoría de la situación patrimonial de los cargos públicos al final de su mandato. En el ámbito económico, lo más notable de la intervención del presidente fueron los incentivos a la inversión, las bonificaciones a la actividad emprendedora, la ampliación del plan de pago a los proveedores y el régimen especial del IVA que evitará el pago de este impuesto hasta que no se haya cobrado la factura correspondiente, aunque se trata de una promesa electoral cuya puesta en marcha anunció como inmediata ya en su discurso de investidura. Se equivocó, en cambio, al tratar de deslegitimar a Pérez Rubalcaba por la gestión de los socialistas en el Gobierno, ya que era él quien se examinaba en el Congreso de los Diputados, no el dirigente del PSOE. Por su parte, Rubalcaba puso el acento en la crisis institucional y moral a la que ha conducido a la nación la pasividad de Rajoy ante la corrupción y la escisión social generada por los recortes y la reforma laboral, exigiéndole una rectificación en el problema de los desahucios y las medidas de restricción de las prestaciones a los más desfavorecidos. También en materia de corrupción propuso trasladar a la Audiencia Nacional la investigación de este tipo de delitos y prohibir las donaciones a los partidos. Puede haber acuerdos sobre corrupción y el soberanismo catalán, mientras que la cuestión económica aparenta ser terreno vedado al pacto, dada la extrema contradicción entre los planteamientos de populares y socialistas. El debate deja un sabor agridulce.