La Generalitat fija un tope de déficit del 0,14% a partir de 2018
Cataluña
El consejero de Economía asegura que Cataluña "va más allá" de lo que prevé la reforma constitucional porque se anticipa en dos años a la fecha límite de la ley para que todas las Administraciones limiten el déficit.
Barcelona/El gobierno de la Generalitat ha aprobado el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cataluña, que fija un techo máximo de déficit estructural del 0,14% a partir de 2018 y crea un Fondo de Reserva con la finalidad de cancelar deuda o evitar que se genere nueva.
Según ha explicado el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, la nueva ley "va más allá" de lo que prevé la reforma constitucional en esta materia, porque se anticipa en dos años a la fecha límite que contemplará la ley orgánica estatal para que todas las Administraciones limiten el déficit, que es en enero del 2020.
La ley catalana de estabilidad presupuestaria, además, no contempla alcanzar el tope del 0,4% del PIB que permitirá la ley estatal, porque autolimita el techo en el 0,14% a partir del 2018. Habrá, sin embargo, una aplicación paulatina porque, según Mas-Colell, en el año 2012 el tope de déficit será del 1,3%, en el 2013 será del 1,1% y en el 2014 será del 1%, mientras que a partir del 2014 la Generalitat dispondrá de cuatro años para reducir un punto más y alcanzar el objetivo del 0,14% en el 2018.
El consejero de Economía ha explicado que "no hay ninguna ambigüedad" en el gobierno de la Generalitat al abordar la reducción del déficit y que, además, con la nueva ley cumple con su compromiso de que sea el Parlamento catalán como representante del pueblo catalán quien lo limite por ley, de modo que "no se trata simplemente de obedecer a Europa, sino que nos autoimponemos" dicha limitación.
El proyecto de ley consta de sólo nueve artículos, se sitúa dentro del nuevo marco constitucional español y cumple con las normativas europeas, ha precisado el consejero Mas-Colell, antes de apuntar que el ejecutivo catalán espera que esté completamente aprobado por el Parlamento catalán antes de final de año. Según este mismo consejero, "no hay diferencias significativas" entre situar el techo de déficit en el 0,14% o subirlo al 0,18% u otros porcentajes similares, y ha concretado que ahora mismo colocar el tope en el 0,14% representa permitir un déficit de cómo máximo 280 millones de euros al año.
Después de explicar que la ley catalana de estabilidad presupuestaria "no es reactiva" a la reforma constitucional española "porque ya hace tiempo que la preparábamos", Mas-Colell ha aclarado que el Parlamento catalán "no se dedica a anticiparse a las leyes orgánicas españolas", aunque sí que tiene muy presente que debe adaptarse "al cuadro normativo europeo y español". También ha anunciado que la Generalitat defenderá que el Estado se autoimponga como límite de déficit el 0,14%, "lo que serviría para enviar un mensaje de rigor", y que los ayuntamientos y demás entidades locales "no queden al margen" y dispongan, asimismo, de un margen de déficit.
En su opinión, las discrepancias con el gobierno español por el hecho de que la Generalitat no llegará este año al objetivo del 1,3% de déficit "se solucionan con el paso del tiempo", porque "ya estamos en septiembre", y ha recalcado que el Govern "nunca ha contraído compromisos que no sean realizables". Como novedad, la ley catalana de estabilidad presupuestaria prevé la creación de un Fondo de Reserva "que se podrá utilizar para la cancelación de deuda o para no efectuar nuevas apelaciones al crédito", precisa el ejecutivo catalán en su comunicado oficial.
El fondo se nutrirá a partir de los excedentes procedentes de los ingresos de la Generalitat cuando, en años de bonanza económica, "superen las estimaciones consignadas en los presupuestos anuales". Por último, el proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que los límites déficit y endeudamiento de la Generalitat "se pueda revisar" ante situaciones excepcionales como "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia legalmente declaradas".
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