Griñán cree un error concretar una cifra de déficit en la Constitución
El presidente de la Junta de Andalucía considera un "disparate" que se modifique el texto constitucional sólo con "argumentos coyunturales".
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), ha calificado hoy como un "error grave" que la Constitución concrete una cifra de déficit o de endeudamiento, y ha considerado un "disparate" que se modifique el texto constitucional sólo con "argumentos coyunturales".
Griñán ha indicado que "sería un error grave concretar una cifra de déficit o de endeudamiento, que por otro lado ya está establecido en el pacto de estabilidad y crecimiento.
El presidente andaluz ha concluido que "modificar una norma básica de convivencia con argumentos coyunturales es un disparate", y ha pedido que el cambio se haga con el "máximo consenso", y si es posible, con el mismo logrado en 1978 para aprobar la Constitución.
Ha indicado que "constitucionalizar el déficit cero puede ser una opción partidaria, una creencia de un partido o un dogma partidario. La Constitución admite reglas y compromisos, pero no dogmas", porque "los dogmas no forman parte del espíritu de la Constitución".
Por ello, el presidente andaluz ha asegurado que en el proceso de negociación para modificar la Constitución, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, "expresa claramente el sentimiento mayoritario, por no decir unánime, del PSOE de mantener el consenso constitucional".
Tras recordar la "enorme trascendencia" política que supone modificar la Constitución, Griñán ha instado a que ese cambio no suponga "un trágala político que no permitiera opciones partidarias distintas".
Por ello, el cambio que ahora se propone deberá servir, según el presidente andaluz, para garantizar la estabilidad presupuestaria y el control de las finanzas públicas y para "garantizar la posibilidad de que quepan distintas posiciones políticas sobre la intervención pública en la economía".
Griñán ha señalado que la modificación también debe ser para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales del estado del bienestar, que están "constitucionalizados en el título primero y cuyo desempeño compete a las comunidades autónomas", ha recordado.
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