Interior admite cambios en ley de Seguridad Ciudadana tras las críticas recibidas

Madrid/El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido cambios técnicos en el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana tras las objeciones presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que advirtieron de que algunos preceptos de la norma podrían ser inconstitucionales.

Fernández Díaz ha respondido de esta forma a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso en relación a la información que publica el diario El País de que el Ejecutivo ha suavizado el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana. "No se trata de suavizar ni de reforzar sino de precisar técnicamente mejor", ha dicho el titular de Interior, antes de reconocer que los informes del CGPJ y el Consejo Fiscal determinaban que algunos aspectos del texto "podrían ser eventualmente inconstitucionales o planteaban algunas recomendaciones que hemos aceptado".

En este sentido, ha explicado que precisamente la finalidad de que el texto fuera remitido a los órganos consultivos como el CGPJ, el Consejo Fiscal o la Agencia Española de Protección de Datos era precisamente que el proyecto que llegara al Congreso lo hiciera "sin ninguna duda de constitucionalidad".

La ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho Fernández Díaz, pretende garantizar la seguridad ciudadana de manera "más eficaz pero sin cuestionar, para nada, ninguna libertad o derecho fundamental" como puede ser el de reunión o manifestación. Por ello, ha añadido que se han recogido las sugerencias de esos órganos y que el nuevo anteproyecto ha sido remitido al Consejo de Estado para que elabore también un dictamen. Tras este trámite el Gobierno presentará en Consejo de Ministros el proyecto de ley que trasladará al Congreso para su debate.

Según adelanta El País, las modificaciones más destacadas del nuevo texto se refieren a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas, controles y cacheos en la vía pública, así como introduce la novedad de que las multas a menores por consumo o tenencia ilegal de drogas podrán suspenderse si los sancionados acceden a someterse a un tratamiento o a actividades de reeducación.