Interior suaviza el borrador de su Ley de Seguridad

Madrid/El Ministerio del Interior ha suavizado su primer borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto este viernes verá el Consejo de Ministros tras dos semanas de duras críticas, especialmente en las infracciones muy graves, multadas con hasta 600.000 euros, y que se reducen en un tercio. Entre ellas, desaparece como infracción muy grave para ser considerada grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado, aunque no estén reunidas y siempre que se perturbe la seguridad ciudadana. También baja de categoría -de grave a leve- amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros.

Aunque aún está sujeto a más matizaciones y tendrá que volver a la mesa de Moncloa, ya como proyecto, y posteriormente iniciar el trámite parlamentario, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha matizado su propuesta inicial que levantó fuertes críticas entre los grupos parlamentarios y algunos sectores de la sociedad.

Según el anteproyecto, las 21 infracciones muy graves que inicialmente estableció quedarán en menos de diez, mientras que las infracciones graves serán las más numerosas, una treintena, y las leves, sumarán casi veinte. De entre las tipificadas como muy graves figuran la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, o las manifestaciones con finalidad coactiva desde que finalice una campaña electoral y hasta que concluya la jornada.

También, se multará con hasta 600.000 euros deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos; fabricar, reparar, almacenar, adquirir o poseer armas prohibidas o explosivos no catalogados. De la misma manera se considera la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas que quebranten la prohibición o suspensión por razones de seguridad, así como la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años.

Como infracciones graves, el anteproyecto fija, entre otras y además de la mencionada de las protestas no comunicadas frente a instituciones del Estado, alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial cumplir con sus funciones al margen de los procedimientos establecidos también conllevarán una multa de entre 1.000 a 30.000 euros. Una sanción a la que también deberá enfrentarse quien se niegue a identificarse a un policía o quien desobedezca o se resista a la autoridad cuando no sea constitutivo de delito.

El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes, será también infracción grave. Una categoría en la que también se incluyen las manifestaciones públicas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas o símbolos con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración del orden y que ensalcen o justifiquen el odio, la xenofobia, el terrorismo, el racismo o la violencia contra la mujer.

La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana, aunque no sea para traficar, o la conducción de cundas, o taxis de las drogas, que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes también serán infracciones graves. La nueva ley, que tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente, define la seguridad ciudadana y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives. Además, regula las diligencias de cacheo e identificación siguiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo para que estas no se practiquen por razón de raza.