Jiménez rechaza condenar a Marruecos sin pruebas

Madrid/La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha afirmado que el Gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido en el campamento saharaui de El Aaiún mientras no tenga más información, porque, a su juicio, condenar la acción de Marruecos sin pruebas "tendría consecuencias".

Jiménez, en respuesta en la sesión de control del Senado a varias preguntas sobre el asalto al campamento, ha afirmado que "sin confirmación de los datos, un gobierno responsable no debe especular", por lo que ha recomendado esperar a los informes oficiales para saber lo sucedido y cuántas víctimas ha habido.

"Cuando los hechos sean probados, actuaremos en consecuencia. El Gobierno no puede reaccionar ante opiniones, por muy respetables que sean. Hemos de esperar para contrastar los hechos ", ha respondido la ministra al senador de IU-EU Joan Josep Nuet.

"Los hechos tienen consecuencias, pero los pronunciamientos sin datos y desde la superficialidad también las tienen", ha advertido Jiménez.

La titular de Exteriores ha añadido que a la vista de los acontecimientos, la "prudencia" con la que ha actuado el Ejecutivo "era la mejor consejera desde el primer momento", y expresar la preocupación por los datos de víctimas y heridos.

A su entender, aún no hay "pruebas fehacientes" para cuantificar el número de fallecidos, aunque ha remarcado que entre ellos hay tanto marroquíes como saharauis.

La ministra ha opinado que mantener una buena relación con Marruecos ha permitido pedir a su Gobierno que investigue lo ocurrido, reclamar que la prensa pueda informar desde El Aaiún y proteger a los españoles que quedan en la zona.

Con todo, ha hecho hincapié en que la mejor forma de evitar que estos episodios violentos puedan repetirse es mantener la serenidad y fomentar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario dentro del marco de la ONU para tratar de resolver su contencioso.

"Es la posición que deberíamos apoyar todos de manera responsable si queremos una solución a este conflicto", ha pedido Jiménez a la Cámara Alta.

Las explicaciones de la ministra no han satisfecho a los senadores que la han interpelado, quienes han criticado la "falta de firmeza" del Gobierno para juzgar la actuación de Marruecos.

El senador por Navarra del Grupo Mixto, Francisco Javier Tuñón, ha expresado su "decepción" por el "tibio" papel del Ejecutivo, al que ha exigido que "condene la violencia marroquí".

Nuet ha exhortado al Gobierno a no utilizar este asunto como "moneda de cambio" y a evitar la "táctica del escapismo".

La senadora del PNV Miren Leanizbarrutia ha lamentado que el Ejecutivo socialista haya dado prioridad a los intereses económicos con Marruecos, en vez de al respeto a los derechos humanos.

"En lugar de democracia, hay una sociedad anónima y en lugar de Gobierno, tenemos un consejo de administración", ha dicho Leanizbarrutia, quien ha recordado el papel que España tiene en este caso como ex potencia colonizadora.

Jiménez ha recordado que España abandonó el Sahara Occidental en febrero de 1976 y que por lo tanto, "no tiene responsabilidad" en este territorio desde entonces.

También ha apuntado que es Marruecos la que ejerce la "administración de facto" de la ex colonia española, sin que eso suponga que tenga la soberanía.

A su juicio, el proceso de descolonización debe llevarse a cabo a través del diálogo para alcanzar un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, sin precisar si debería ser a través de un referéndum.

"Ésta es la postura que defiende el Gobierno, como el conjunto de los países en el seno de Naciones Unidas", ha subrayado.

También se ha referido a este asunto el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien ha reiterado que España debe "buscar una posición de equilibrio" en este caso, manteniendo una relación fluida con Rabat.

Chaves, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, ha recordado que esta amistad es buena para "la estabilidad, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la ordenación de los fenómenos migratorios y, sobre todo, para avanzar en la solución" del conflicto del Sáhara.