SOS Racismo denuncia desidia legal contra la xenofobia de "baja intensidad"

Casi un millón y medio de personas residen en España de manera irregular, y "por consiguiente, sin derechos, lo que las convierte en víctimas de cualquier tipo de discriminación". Es una de las conclusiones del informe de la Red Europea contra el Racismo (ENAR), integrada por 25 ONG, que hizo público ayer esta organización con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La Red Europea contra el Racismo en España critica por ello la escasa aplicación de las normas penales vigentes para perseguir y castigar delitos racistas, lo que, advierte, redunda en una mayor discriminación de los extranjeros residentes en España.

Ante este panorama, ENAR solicita a los partidos políticos que sitúen en su agenda la lucha contra el racismo y las actitudes discriminatorias y que apliquen los mandatos antidiscriminación a los que obligan las directivas europeas, así como la creación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato.

El estudio constata que ante delitos racistas "los jueces se limitan a juzgar la agresión sin entrar a valorar la motivación racista del crimen, contemplada como agravante en el código penal" y que los inmigrantes padecen "indefensión" jurídica a la hora de presentar denuncias, especialmente cuando la parte a la que se denuncia es un miembro de los Cuerpos de Seguridad.

Según datos del padrón municipal de principios de 2006, "la población extranjera residente en España era de un 10,22 por ciento". Durante el año 2006, 5.297 personas solicitaron asilo en España, siendo Colombia, con 2.239 peticiones, el principal país solicitante, seguido de Nigeria con 632 y Marruecos, 231. Sólo un 3,72 por ciento accedió a esa protección gracias al Estatuto del Refugiado. Tanto durante el año 2006 como el primer semestre de 2007, los principales grupos de víctimas de racismo y xenofobia, según el informe, han sido las personas gitanas y extranjeras, entre las que destaca la población marroquí.

Uno de los autores del informe y miembro de SOS Racismo, Diego Lorente, apuntó que los llamados "nacionales de primera generación", hijos de inmigrantes que han nacido o se han educado en España, también son discriminados por su diferencia racial.

Según Lorente, en España existe un racismo "de baja intensidad que se manifiesta en prejuicios y hechos cotidianos como dificultades para acceder a una vivienda o en los servicios públicos o privados". A este respecto, también señaló la persistencia de "maltratos de las Fuerzas de Seguridad, públicas y privadas, hacia las minorías que pocas veces son castigadas". Así, apuntó que el 50 por ciento de las agresiones registradas por SOS Racismo son por este motivo.

Además, señaló la importancia de que los escolares no se concentren únicamente en centros públicos, "para evitar que se creen guetos" ya que, según datos de 2006, la presencia de personas inmigrantes en colegios públicos era 6 veces superior a la de los concertados. En cuanto al sistema penal, Lorente denunció la inexistencia de "un sistema penal sensible a los temas de racismo y xenofobia, ya que, a pesar de que hay una legislación que penaliza estos casos de discriminación, a los jueces les cuesta aplicarla".

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