El SUP considera una "barbaridad" la instrucción de actuar en los 'escraches'

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica. Benito ha respondido así a la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.

Los escraches son, en Argentina, las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura, un término que ha recuperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.

Además, añade la instrucción, los agentes procederán a la detención de esas personas "conforme a la legislación vigente", si "se tratara de actos constitutivos de delito". "Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", ha subrayado el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía. Ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.

Sin embargo, Benito cree que la instrucción de Interior supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa. Una lectura que, ha advertido José María Benito, puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.