El 'procés' desemboca en el Supremo

Madrid/Una puerta de salida se empieza a abrir para los siete ex consellers y los líderes de ANC y Òmnium encarcelados por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista al hacerse el Tribunal Supremo (TS) con la causa.

Lamela sólo seguirá investigando a partir de ahora al ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana, y a ellos se les unirán probablemente otros miembros del depuesto Govern de categoría inferior a la de conseller que sean imputados en el futuro.

En un auto, el magistrado del TS Pablo Llarena acuerda así que la causa permanezca dividida, pero atrae la investigación de Lamela apelando a un criterio de conexión entre las actuaciones de los miembros de la Mesa del Parlament que ya investiga y las del Govern de Carles Puigdemont y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Llarena investigará a partir de ahora a 22 personas, de las cuales solo están aforadas los cinco miembros de la Diputación Permanente del Parlament que están en libertad bajo fianza, incluida la ex presidenta de la Cámara, Carme Fordadell.

Lo hará consciente de que los aforamientos cambiarán tras las elecciones del 21 de diciembre y mientras que unos perderán esa protección, otros la adquirirán, aunque Llarena precisa que ello no influye en su decisión. "La obligación de la instrucción conjunta persiste, por más que cambien los copartícipes que cuentan con aforamiento y los que carecen de él", dice el juez en su resolución.

Llarena ha seguido un criterio diferente tanto al de Lamela, que quería que toda la causa estuviese junta, como al de la Fiscalía, que abogaba por que la Audiencia sólo llevara a los no aforados.

A su juicio, la actuación del Parlament, del Govern y de los Jordis debe instruirse de forma conjunta y pone como ejemplo que el delito de rebelión es "plurisubjetivo", es decir, que en él participa una pluralidad de personas y por ello requiere de la "intervención coordinada de todos ellos".

Apoya su decisión en que la doctrina del Supremo establece que puede investigar a no aforados solo cuando "se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas", cosa que ocurre en este caso.

En su auto, el juez deja a Lamela la investigación de la actuación de los Mossos en el proceso independentista, con lo que por ahora la juez se queda con una causa con dos imputados, Trapero y Laplana, pero que irá aumentando, ya que se espera que investigue a personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes que permitieron el referéndum ilegal del 1-O.

De hecho, la magistrada de la Audiencia Nacional ya advirtió, en su informe a Llarena pidiendo la unificación de las causas, que hay indicios de "una importante colaboración de determinadas personas" en la elaboración de las leyes que posibilitaron la DUI y también de otras que han "cooperado y colaborado estrechamente" desde "distintos escalones y niveles de responsabilidad de la Administración autonómica".

Lo que alas a las esperanzas de los ocho ex consellers de salir de prisión es que el criterio seguido hasta ahora por ambos jueces en relación con los investigados ha sido diferente. Mientras Lamela envió a prisión a los nueve ex miembros del Govern que declararon en la Audiencia Nacional y emitió una orden de detención contra Puigdemont y los cuatro ex consellers que huyeron a Bélgica, Llarena puso fianzas a los seis diputados para eludir la cárcel, como ha ocurrido. También ha sido diferente la estrategia de defensa.

Mientras que los imputados por Llarena acataron en sus declaración ante él la aplicación del artículo 155, los ex consellers se negaron una semana antes a declarar ante Lamela.

La defensa del ex vicepresident y de tres ex consellers reclamará al Supremo la libertad los detenidos. Según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa, la intención del abogado de Junqueras y de los ex consellers Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo) no es pedir que el magistrado los cite antes a declarar sino solicitar directamente la excarcelación.