Torra mantiene los lazos amarillos tras vencer el plazo de la Junta Electoral

Barcelona/El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido mantener los lazos amarillos en los edificios públicos tras vencer el último plazo dado por la Junta Electoral, a la vez que se ha comprometido a acatar el criterio del defensor del pueblo catalán sobre si debe reconsiderar su postura.

El plazo ha vencido sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo.

Ultimátum de la JEC

La Junta Electoral Central (JEC) planteó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales.

Este martes, Torra ha enviado un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.

Tras la reunión del Govern, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha dicho que Torra ha mantenido contacto con el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, para valorar "si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones". Torra ha informado al Gobierno catalán, según Artadi, de que, "esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones".

La JEC no da más prórrogas

Pocas horas después, la JEC ha reaccionado al escrito de Torra y ha rechazado concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.

La JEC señala que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren "la imposibilidad" del presidente de la Generalitat "de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado", es decir, la retirada de esos símbolos.

¿Qué ocurre si Torra sigue negándose?

Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra.

Previamente, la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC "del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat", según dichas fuentes.

La Delegación del Gobierno ya ha remitido a la JEC un escrito en el que detalla que pasadas las 15:00 una docena de edificios del Gobierno catalán, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.

Consecuencias administrativas y penales

En la resolución adoptada el lunes por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas le avisaba "de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir" si persistía "en la desobediencia" a sus acuerdos.

En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen "abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".

La oposición

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha tildado de "vergüenza" que Torra no haya retirado los lazos amarillos y las esteladas. La portavoz de PSC-Units, Eva Granados, considera que el Govern debería cumplir los requerimientos de la JEC a fin de "garantizar la neutralidad de las instituciones". La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas ha dicho preferir que se atiendan los requerimientos de la JEC, para evitar "la judicialización de la campaña y de la política".