El Tribunal Supremo emite una orden de detención contra Clara Ponsatí

Madrid/El instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí por no justificar su incomparecencia ante el juez el pasado 24 de abril.

Ponsatí estaba citada para que Llarena le comunicase su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que no acarrea penas de prisión, pero su defensa alegó en un escrito presentado ese mismo día que tenía dos compromisos en Bruselas que resultaban "incompatibles" con su citación en Madrid.

El magistrado considera que todo apunta a que la investigada “ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial” por lo que acuerda su detención nacional, con la finalidad de tomarle declaración. En su auto Llarena explica que, aunque el mencionado escrito no concretaba que la incomparecencia de Ponsatí viniera motivada por su asistencia a estas comisiones parlamentarias, su defensa sugirió la incompatibilidad de ambas tareas.

Inmunidad parlamentaria

En el escrito Ponsatí también solicitaba la paralización del procedimiento judicial por haberse impulsado ante el Parlamento Europeo un procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades parlamentarias correspondientes a Clara Ponsatí.

El instructor afirma que la propia investigada se ha jactado en diversas declaraciones mediáticas “de no tener ninguna intención de atender la citación judicial”. Y agrega que “así resulta también de que la encausada (que está personada en el procedimiento y es sabedora de que la instrucción de la causa se encuentra paralizada por su falta de declaración indagatoria), no sólo abandonara nuestro país inmediatamente después de su posible intervención en los hechos, sino que se opuso personalmente a que el Reino Unido la entregara a las autoridades judiciales españolas para responder por la responsabilidad que se ventila en este proceso”.

Llarena también rechaza que se deba suspender el procedimiento judicial por la existencia de una demanda de amparo de las inmunidades parlamentarias ante el Parlamento Europeo.