"Voy de subidón. Le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo"

Miguel M.S., que cumple prisión provisional por agredir a un Policía Nacional durante los altercados del 22-M, comentó a sus acompañantes tras la agresión del agente que verían al herido en las noticias, ya que quedó inconsciente y tuvieron que llevárselo arrastrado. "Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrao", señaló el detenido horas más tarde.

Así consta en el auto de prisión dictado por el magistrado Francisco Javier Tejeiro, en el que el juez sostiene que existen indicios "suficientes" contra él para que se proceda a dictar prisión provisional. El juez de guardia relata que esta persona se encontraba, junto con otros individuos, en los alrededores de la Plaza de Colón y se observó cómo cogía varios adoquines de la calle, dándoselos a sus acompañantes. A continuación, los lanzaron contra los agentes uniformados. Según el juez, "cuando estaba a la altura del Paseo de Recoletos, aprovechando que uno de los agentes se encontraba desprovisto del casco, le golpea con ella en la cabeza, ocasionando al funcionario un traumatismo craneoencefálico y lesión en la región parietooccipital".

Miguel M.M., madrileño de 20 años y sin antecedentes policiales, declaró ante el magistrado, al igual que otros tantos, tras ser detenidos la noche del pasado sábado por los disturbios posteriores a la manifestación de las Marchas de la Dignidad del 22-M. En total, 18 de los apresados quedaron en libertad con cargos. Sólo uno de ellos ingresó en prisión provisional y sin fianza. Se trata del primer ingreso en prisión de un detenido en el marco de una manifestación de este tipo.

Cifuentes abre expedientes a promotores del 22-M

La Delegación del Gobierno en Madrid abrirá expedientes a los convocantes de la marcha central. También hará lo propio contra los organizadores de las columnas este, sur y oeste de las Marchas de la Dignidad por incidentes, desobediencia a la autoridad o cambio de itinerario, despendiendo del caso. A la delegada, Cristina Cifuentes, no le consta de que se prohibiera usar material antidisturbios en la manifestación del sábado.

Tal y como han informado fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes, se considera en estos últimos casos que se ha producido incumplimiento de la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid respecto al itinerario previsto, así como vulneración de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de la normativa de seguridad vial y de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, al no haberse adoptado las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las marchas.

Entre los incidentes que reflejan los respectos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la columna este que llegó a la capital por la A-3, los manifestantes, a su paso por la localidad de Perales de Tajuña intentaron entrar en masa a un banco y "asaltaron la sede del Partido Popular, apropiándose de una bandera del PP, que quemaron en la plaza". También han reflejado un intento de asalto al Ayuntamiento e insultos y zarandeos a agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, en la columna sur procedente de la A-4, la Delegación ha anotado situaciones de desobediencia a las indicaciones de la Guardia Civil, el incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación del Gobierno, "ocupando la A-4 a lo largo de los términos municipales de Ciempozuelos, Valdemoro y Pinto" e infracción de la normativa de seguridad vial por los vehículos participantes. En la columna oeste, procedente de la A-6, el departamento que dirige Cristina Cifuentes expedienta a los organizadores por supuesto incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación y vulneración de la normativa de seguridad vial.

La Delegación del Gobierno abre dichos expedientes, además de los dirigidos a los convocantes de la marcha central que terminó con disturbios, 101 heridos leves y 21 detenidos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Respecto a la manifestación del 22-M a la que se abrirá expediente sancionador teniendo en cuenta el informe emitido por el Abogado del Estado. En su planteamiento jurídico alude al artículo 4 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que establece literalmente que "del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas". "Esta ley impone a los promotores y organizadores un deber específico de velar por el buen orden en las manifestaciones que convoquen, adoptando las medidas de seguridad adecuadas para ello. Según reiterada Jurisprudencia, el organizador debe asegurar la buena marcha de la reunión y las fuerzas del orden actuar cuando ello no es así o se impide a los manifestantes ejercer su derecho constitucional", señalan.

De hecho, el incumplimiento del deber de adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las manifestaciones constituye una infracción administrativa conforme a los artículos 23. c) y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Marcha que la autoría de la infracción del artículo 23. c) corresponderá a los organizadores o promotores de la manifestación.

Multas de hasta 6.000 euros

Tras el anuncio realizado por Cristina Cifuentes, primeramente se incoará el expediente, en base a los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (con designación del instructor). Luego se abre un periodo de alegaciones y un periodo de prueba. A continuación, se redacta una propuesta de resolución, previo estudio de las alegaciones. De ello deriva un segundo periodo de alegaciones y, por último, se firma una resolución. Frente ella cabe un recurso de alzada ante el ministro de Interior. En caso de que sea rechazado, se puede optar por último un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El plazo para que la Administración emita resolución de un procedimiento sancionador no puede exceder de seis meses, plazo tras el cual se produciría su caducidad. La cuantía de dicha infracción dependerá de la gravedad de la misma. Así, pueden llegar hasta los 6.000 euros, en el caso de infracciones graves con la actual Ley de Seguridad Ciudadana, cuya modificación y ampliación de la cuantía de multas está en fase de estudio.

Por otra parte, la delegada de Gobierno en Madrid ha señalado este martes que no tiene constancia de que a la Policía se le prohibiera usar material antidisturbio durante los altercados que se registraron en las 'Marchas de la Dignidad' el pasado sábado en la capital, pese a las manifestaciones de algunos sindicatos policiales que así lo han asegurado. "Me consta que en ningún caso se le dijo a la Policía que no utilizara las pelotas de goma", ha declarado Cifuentes en una entrevista en la Cadena Cope, donde ha insistido en que "no solamente no se le dijo eso sino que la Policía sabe que el material antidisturbio, que es legal, se puede y se debe usar pero en las circunstancias en las cuales es necesario hacerlo". "La Policía sabe que la actuación debe ser proporcional y siempre se les dice que antes de usar el material, hay que tratar de contener a las personas", ha apuntado Cifuentes, quien ha añadido que en esta ocasión, "las personas estaban actuando con una violencia tal que el uso era necesario".