El juez se centra en analizar la ilegalidad de las escuchas de Método 3
La Policía tuvo en sus manos informes sobre particulares y empresarios, pero el juez ha ordenado requisar estrictamente los relacionados con las escuchas a Sánchez-Camacho.
Barcelona/El juez que investiga a Método 3 se centra, de momento, en analizar la posible ilegalidad de las escuchas a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, aunque ampliará sus pesquisas si del resto de grabaciones incautadas en la agencia de detectives se desprenden indicios de delito. Según fuentes judiciales, por orden del juez instructor la Policía se ha incautado en la agencia de detectives de varias cajas con documentación, así como de archivos informáticos -en su mayoría relacionados con las escuchas a la líder del PPC- que permanecen en el juzgado a la espera de ser analizados.
Está previsto que este jueves pasen a disposición del juez de guardia los tres detectives y el dueño de Método 3 que fueron detenidos tras la denuncia que el PPC presentó por el supuesto espionaje político a su presidenta, a raíz de la publicación en los medios de un almuerzo que Sánchez-Camacho compartió con una ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona -temporalmente sustituido por el titular del juzgado número 21-, avanza entre la polémica por el cuerpo policial que debe encargarse de las pesquisas, de momento en manos de la Policía Nacional, dado que ante esa institución presentó el PPC su denuncia.
Pese a la abundante documentación existente en la sede de Método 3 que la Policía registró, el juez ha ordenado sólo incautar documentos y archivos informáticos relacionados con la supuesta escucha ilegal a la presidenta del PPC, mientras el resto de informes sobre seguimientos y otras investigaciones efectuadas por los detectives se han dejado en las oficinas, de momento bajo custodia policial. La investigación judicial se centra de momento en analizar la posible ilegalidad de las escuchas a Sánchez-Camacho, para lo que resultará clave examinar los archivos de audio que contienen la grabación de la conversación que la presidenta del PPC mantuvo con la ex pareja de Pujol hijo, María Víctoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona.
Entre el material incautado que ya está a disposición del juez figuran otros archivos de audio sobre posibles escuchas que el instructor podría investigar en una pieza separada, en el caso de que de las mismas se desprenda que fueron registradas de forma ilegal. En el registro, la Policía tuvo en sus manos abundantes informes sobre investigaciones a particulares, empresarios y personas públicas, pero el juez ha ordenado requisar estrictamente los relacionados con las escuchas a la presidenta del PPC, por ser éste el objeto de la causa judicial abierta.
De todas formas, fuentes judiciales coinciden en señalar que si se aprecian indicios de delitos en otras actividades de Método 3 se abrirá la correspondiente investigación penal, pero recuerdan también que los seguimientos por parte de detectives privados no son ilegales, siempre que no sean coactivos. Por el momento, el juez que investiga a la agencia Método 3 no ve motivos para encargar el caso a los Mossos d'Esquadra, ni como cuerpo colaborador de la Policía Nacional, dado que cree habitual que el cuerpo policial que reciba una denuncia sea el que inicie la investigación. Otra podría ser la decisión del juez instructor en el caso de que recaiga en sus manos la denuncia que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, presentó ante los Mossos d'Esquadra dada la posibilidad de ser víctima del espionaje.
Por su parte, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha insistido en que la policía catalana se haga cargo de la investigación, opinión que comparte el líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. Los casos de supuesto espionaje en Cataluña siguen empañando el debate político y han motivado que el diputado del PPC Pere Calbó haya pedido la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento catalán para abordar el asunto. Mientras, el consejero de Justicia, Germá Gordó, ha mostrado su "total confianza" en el responsable de prisiones de su departamento, Xavier Martorell, que se ha visto salpicado en informaciones periodísticas que lo vinculan a la trama de espionaje desde CDC y durante su etapa en el FC Barcelona.
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