Una dimisión tras dos años y cinco meses de investigación

La dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat, anunciada esta tarde, supone el broche político final a dos años y cinco meses de investigación judicial sobre él y otros ex altos cargos de sus gobiernos y del partido por la supuesta trama de corrupción del caso Gürtel.

Fue el 6 de febrero de 2009 cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Consejeria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Alvaro Pérez, fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.

No obstante, fue el 19 de febrero cuando dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba al president en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.

Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consejo Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejeria de Turismo, Rafael Betoret.

El 21 de abril el TSJCV se declaró competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps -a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad- y a los otros tres dirigentes valencianos.

Uno de los hitos de ese año 2009 fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante el Supremo en septiembre.

En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.

Un mes después, el PSPV presentó una querella contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.

En abril, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular.

El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración del cargo.

En enero de 2011, el magistrado del TSCJV José Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.

En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

Un mes después, el TSJCV rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del ex vicepresidente Vicente Rambla y de la ex presidenta de Les Corts Milagrosa Martínez.

El 5 de julio, el TSJCV rechazó acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.

El pasado viernes día 15, Flors decidió abrir ese juicio por un delito continuado de cohecho pasivo impropio ante un tribunal popular, al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unas prendas de vestir adquiridas por el presidente y el resto de imputados.

Dos de ellos, Campos y Betoret, han terminado aceptando su culpabilidad y el pago de la multa más alta por este delito.