Antonio Hernández Rodicio
'Borraxeira' política
No se le puede quitar un solo gramo de importancia al comportamiento de Íñigo Errejón. Al menos a lo que conocemos por su propia confesión, un pequeño escrito de despedida convertido en cumbre del cinismo barroco, y en relación con los hechos de que es acusado públicamente por la actriz Elisa Mouliaá, cuya denuncia ha sido admitida a trámite por un juez. Errejón será llamado a declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual. Sus actos lo definen. Por cierto, horrorizarse por su depredación confesa –“una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica”– no es un sentimiento exclusivo de las mujeres, no funciona como atributo de género.
No se puede rebajar en lo más mínimo la trascendencia pública de su comportamiento privado. No solo ha escrito su epitafio político, es que le ha abierto una seria vía de agua a la izquierda en general y a su espacio en particular: abrir en canal las flagrantes contradicciones entre lo que se defiende políticamente y lo que se hace y dejarlas expuestas y pudriéndose a los ojos de tus votantes es un ejercicio merecidamente letal. ¿A quién representa, pues, esta izquierda alternativa y justiciera que tras asaltar los cielos en días alternos dedica las jornadas excedentes a comportarse como los políticos que ellos identificaban como casta?
Estar “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona” , como admite el otrora colíder con Pablo Iglesias del encauzamiento institucional del 15-M, ocurre cada día y en todas las profesiones. Arthur Koestler, el influyente filósofo, periodista y escritor que pasó del marxismo-leninismo al anticomunismo y dejó acreditada en su Spanish Testament la participación de la Italia fascista y la Alemania nazi en el bando franquista durante la guerra civil, dejó escrita la autoconfesión más contundente del límite entre el admirado personaje publico y la que puede ser una abominable persona en privado: “¿Viene usted a conocer al escritor? Desconfíe. Es decepcionante. Será como si después de haber comido foie gras fuera usted a conocer a la oca en persona”.
Políticos que clamaban contra la corrupción mientras robaban, otros que eran adalides de las transparencia en el ojo ajeno mientras mantenían su actividad política a oscuras; esos que venían a sacar al pueblo de su ostracismo y terminaron con cuentas en Suiza; los próceres que comparecían severamente afectados durante el Covid mientras se embolsaban las comisiones de las mascarillas. Políticos que ya fueron condenados –el ex alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez por el caso Nevenka– por acoso sexual. Y ahora muchachos barbilampiños que venían a proteger a las mujeres del acoso y el abuso y mientras con una mano portaban la espada flamígera contra los varones tóxicos con la otra sobaban a una recién conocida en el ascensor. La vida misma repetida una y otra vez.
La denunciante y víctima no adeuda a nadie mayores explicaciones. Ante la Justicia dirá lo que tenga que decir y le darán o no la razón. Pero fuera de los tribunales no tiene que justificar más nada, ni siquiera porque su comportamiento pueda parecer errático. ¿Quién puede decidir y con qué criterio cuál debe ser el comportamiento exacto de una mujer en esa situación? Y es igualmente lamentable que esté en el foco, insultada y cuestionada en su relato, por decir que aquellos hechos no le afectaron porque trató de evitar que le afectaran. ¿Si se sufre más se es más víctima? ¿Es estandarizable el comportamiento de una mujer tras padecer una experiencia de ese tipo? En el caso de Mouliaá hay una denuncia y un proceso judicial en marcha. Las otras cuatro que se anuncian son de momento eso, anuncios anónimos a través de distintas redes y perfiles.
La magistrada Natalia Velilla ha escrito un interesante artículo advirtiendo de lo obvio: la acción justiciera de las redes no sustituye a la acción de la justicia. Y advierte: “Quienes alientan convertir el dolor humano en un espectáculo, convenciendo a las víctimas de que expongan su intimidad ante la sociedad, no las informan de las consecuencias que esa decisión puede tener para ellas”. Y el reverso: expertos distinguen en estos días entre el testimonio y la denuncia y defienden la legitimidad del primero, que lo es como herramienta para superar la violencia experimentada. ¿Pero tiene límites? ¿Procede acusar dejando un reguero de pistas e iniciales que indefectiblemente llevan al nombre en cuestión? ¿Es legítimo un testimonio anónimo si arruina la vida a otras personas que, en la indefensión más absoluta, se convierten en pasto de las llamas sociales?
Errejón tendrá que afrontar un proceso judicial, con todas las garantías, y se enfrentará si se dan las circunstancias a una posible condena de entre uno y cinco años de cárcel conforme al artículo 178 del Código Penal, modificado con la ley del solo sí es sí, que fue lo que la denunciante le recordó a él en pleno acoso y que es lo mismo que el político hoy autofulminado gritaba a viva voz en las manifestaciones feministas. Caprichos de la justicia poética.
Es un caso que abre demasiados debates, que no se podrán abordar con perspectiva hasta que pasen los días. Ahora todo se limita en ver quién tira la pedrada más fuerte. Por el momento, se ha desatado un correcalles de denuncias que afecta a políticos , periodistas o “jefes” y que solo la atención informativa a la DANA ha ralentizado. Algunas son meras insinuaciones que ni siquiera imputan un delito, pero bastan para poner un nombre en circulación. El estado de ansiedad y el reflejo de autoprotección es tal que ni los partidos conceden el beneficio de la duda a sus afectados antes de hacerlo público ni los periodistas esperan a tener algo parecido a un hecho para informar. Es el correcalles nacional y difícilmente puede acabar bien. Se ha extendido rápido. Cualquier observación, matiz o comentario que se salga de la carretera principal se deriva al infierno de la sospecha.
Este caso ofrece además otro flanco: el de la responsabilidad política de los partidos. El cómo actúan importa. Hay cosas por aclarar y no queda claro si desde su partido se encubrió o no a Errejón o si actuaron con diligencia ante las primeras pistas y/o denuncias que conocieron. En la izquierda y con este tipo de asuntos, creen que el infierno siempre son los otros. Debía resultarles casi imposible admitir un infierno de ese tipo en casa propia. Han sido torpes en la respuesta. Y es imposible saber si los procedimientos internos de los que presumen los partidos en esta hora existen y realmente funcionan o son solo parte de la propaganda. En cualquier caso, Errejón dejó el cargo y la política en 36 horas. Pero dada la precariedad y la división profunda de la llamada izquierda alternativa -Podemos, Sumar, Más País, Más Madrid, etc- una parte de ella ha encontrado el asunto perfecto para cargar contra la otra mitad. Izquierda come izquierda con mucha más ferocidad de lo que la derecha come derecha.
En definitiva, no es justificable ni tolerable la mezquindad política de Errejón, no es relativizable la gravedad de los hechos que se le imputan ni su hipocresía y no deja de sorprender su imprevista estupidez. La presunción de inocencia ha saltado por los aires por su propia enrevesada autoconfesión respecto a sus comportamientos, aunque es de temer que aunque no lo hubiera admitido habría sido igualmente eliminada de la ecuación. No parece que hayamos construido un Estado de derecho para llegar a esto.
Nada de esto es admisible. Pero dicho todo lo anterior, tampoco me gusta Lynch. Y llevamos diez días viendo a demasiada gente correteando, soga en mano, buscando a Errejón. Es preferible mil veces una justicia imperfecta que la verdad perfecta de las redes, donde no existen ni las garantías, ni el derecho de defensa, ni la necesidad de hechos probados. Solo rige la defensa de una única verdad incluso desde un anonimato que aterra aunque, ufano, crea que está haciendo historia y justicia.
Ni superando los 200 muertos nos libramos del contorno viscoso de la mezquindad. Acusaciones contra el Gobierno, debates incendiarios sobre si las alarmas se dieron a tiempo y la responsabilidad de la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar. El ministro del Interior y el de Política Territorial que no se incorporaron hasta ayer al gabinete de crisis de la Generalitat de Valencia. El PSOE metiendo la pata al no suspender la votación de la reforma de RTVE. Feijóo, sobreactuando como si tuviera responsabilidad alguna en la coordinación de las autonomías afectadas y despachándose contra el Gobierno. Manos Limpias denunciando en los juzgados a la directora de la Aemet y al responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad por homicidio imprudente. Y para colmo, los miles de bárbaros que esparcían bulos en las redes acusando a Marruecos de estar detrás de la Dana para perjudicar al campo español o a los defensores del cambio climático. Estamos enloquecidos. El contraste, los voluntarios, la solidaridad ciudadana y el calor del resto del país con los afectados.
El pacto del PSOE con Junts y PNV para las enmiendas de la ley por la que se establece un impuesto complementario para garantizar un mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño, que el Ejecutivo adeuda a Bruselas antes del 1 de enero de 2025, podría ser el principio del camino hacia la aprobación del techo de gasto, con vía directa a unos nuevos presupuestos generales del Estado y, por añadidura, hacia la consolidación de la legislatura. Podría, ese condicional. Estando Junts -Puigdemont S. A.- de por medio, todo es siempre en condicional. Entre Junts y PNV han tumbado el impuesto especial a las eléctricas, aunque se mantiene el de la banca, que por cierto será gestionado durante tres años por las haciendas forales vascas. Pero hay otros condicionales: el bloque de izquierdas, con Sumar a la cabeza, no acepta que decaiga el de las eléctricas. Tejer y destejer y siempre cuesta arriba, el sino de esta legislatura.
Los audios que han trascendido de las conversaciones entre el empresario Aldama y Javier Hidalgo, exconsejero de Globalia, en pleno intento de que el Gobierno rescatara a Air Europa, son obscenos. Manejaban el ministerio de Fomento a su antojo. Gestionaban meter gente en el avión presidencial con intereses oscuros y actuaban con acreditada impunidad. “Ya le he dicho (a Koldo) que arregla esto o se ha acabado todo”. Se sabrá con detalles qué era “todo”, aunque ya se intuye.
La decisión de The Washington Post y Los Ángeles Times de no respaldar editorialmente a ningún candidato en EEUU ha tenido un coste inmediato y oneroso para ellos, especialmente para el Post, propiedad de Jeff Bezos, que ha perdido 200.000 suscriptores digitales, defraudados con la decisión del periódico. Es la primera vez que no lo hacen, aunque la prensa norteamericana es fiel a esa práctica desde el siglo XIX. Consideran los propietarios que es el momento de dejar de guiar a los lectores. Los lectores enojados consideran, en cambio, que es una cobardía calculadora para proteger sus intereses empresariales ante el futuro presidente, que será elegido el próximo martes. Aunque cada vez lo hacen menos periódicos, ese editorial de apoyo a uno u otro tiene mucho peso en el debate político y social. En España algunos diarios comenzaron a pronunciarse editorialmente hace un par de décadas, aunque está lejos de ser algo extendido en la prensa española, que en muchos casos opta por hacerlo en sus informaciones, lo cual es mucho más grave. Hay un dato que quizás lo explique todo: en 2016, hubo 57 periódicos que apoyaron a Hillary Clinton y solo dos que respaldaron a Trump. Escaldados, vaya.
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